Ley de Memoria Histórica de España
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La ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura,[1] conocida popularmente como Ley de Memoria Histórica,[2] fue una ley del ordenamiento jurídico español, aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007,[1][3] partiendo del proyecto de ley previamente aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2006,[4] durante el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (viii y ix legislaturas) como presidente del Gobierno.
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Ley de Memoria Histórica | ||
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Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura | ||
Extensión teritorial | España | |
Legislado por | Cortes Generales | |
Referencia del diario oficial | BOE-A-2007-22296 | |
Historia | ||
Aprobación | 31 de octubre de 2007 | |
Publicación | 27 de diciembre de 2007 | |
Legislación relacionada | ||
Derogada por | Ley de Memoria Democrática | |
Legislación derogada | ||
Incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil española (1936-1939) y de la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), pero no la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de represaliados por los sublevados, autodenominado bando nacional durante la contienda. Por eso, fueron entidades privadas —como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y el Foro por la Memoria— o comunidades autónomas que se encargaron de tal deber memorial.[cita requerida]
La ARMH, pionera en la exhumación científica de fosas comunes de asesinados por la dictadura franquista, ha criticado que en su preámbulo, el texto afirma que la memoria de las víctimas del franquismo es personal y familiar, negando de ese modo en su marco de planteamientos que los delitos del franquismo son cometidos contra toda la sociedad y la humanidad y el deber del Estado de practicar políticas públicas que garanticen a las víctimas de los delitos más graves que existen su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
La insatisfacción con el texto de la ley llevó a catorce asociaciones memorialistas a presentar una denuncia por cientos de desapariciones ante la Audiencia Nacional, el 14 de diciembre de 2006. Igualmente, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas se ha mostrado crítico con algunos aspectos de ella.[5]
Bajo el gobierno del conservador Mariano Rajoy (x legislatura), la Ley de Memoria Histórica quedó derogada de facto, ya que en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y 2014 quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación.[6][7]
El 15 de septiembre de 2020, el gobierno de Pedro Sánchez (xiv legislatura) presentó un «anteproyecto de Ley de Memoria Democrática» para reemplazar la Ley de Memoria Histórica de 2007.[8][9] Finalmente fue derogada por la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el 21 de octubre de 2022.