Crisis política en Nicaragua de 2018-presente
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La crisis política o crisis sociopolítica en Nicaragua de 2018 se refiere al período de inestabilidad política que atraviesa el país desde el 18 de abril después de varios meses de protestas civiles contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta que también es su esposa Rosario Murillo, luego de que el gobierno anunciara una serie de modificaciones a la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a quien un sector de la población están afiliada al seguro, buscaba imponer un aporte del 6,25 % a un 7 % sobre su salario; lo que aumentó sustancialmente las contribuciones patronales y laborales e imponiendo de forma «ilegal» impuesto a las pensiones de los actuales jubilados y una disminución a las pensiones futuras.[6][7]
Este artículo se refiere o está relacionado con un hecho o evento político reciente o actualmente en curso. |
Crisis política en Nicaragua de 2018 | ||||
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Parte de las Protestas en Nicaragua de 2018 | ||||
Movilizaciones y protestas en Nicaragua de 2018. | ||||
Fecha |
18 de abril de 2018 - presente (6 años, 1 mes y 14 días) | |||
Lugar | Nicaragua | |||
Causas | Remoción de reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y destitución de Daniel Ortega | |||
Métodos | Barricadas, manifestaciones, desobediencia civil, persecución a opositores, intimidación, agresiones. | |||
Resultado |
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Consecuencias |
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Partes enfrentadas | ||||
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Figuras políticas | ||||
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Ortega anunció las reformas modificadas el día 16 de abril y publicadas oficialmente el 18 de abril. El patronal COSEP rechazó la reforma, asegurando que esta no contaba con el consenso suficiente.[8] Días posteriores una parte de la población desconoció las medidas al INSS, tanto sectores sociales y privadas, convocaron en conjunto para realizar una mesa de diálogo inclusivo, con la participación de la Iglesia, estudiantes, trabajadores y la empresa privada.
La represión por parte del gobierno y la policía nacional durante las protestas antigubernamentales causaron alrededor de 325 personas fallecidas,[9][10] que fue condenado por ACDH de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes. El presidente ordenó censurar a medios de comunicación opositores, que divulgaban diversas informaciones sobre las protestas.[11] También se impulsó una normativa de ley a la Asamblea Nacional de Nicaragua que fue aprobada como «ley anti-terrorismo» con el fin de prohibir las manifestaciones.[12][13] Diversos organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, la OHCHR, el Grupo de Lima[14] y la Unión Europea[15] condenaron los hechos y convocaron un diálogo para la paz social.