Proceso de Reorganización Nacional
dictadura militar en Argentina (1976-1983) / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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El Proceso de Reorganización Nacional[n. 1] (PRN),[1][2] también conocido simplemente como el Proceso,[n. 2] fue una dictadura cívico-militar[n. 3][n. 4] que gobernó a la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta la entrega incondicional del poder a un gobierno elegido por los ciudadanos el 10 de diciembre de 1983. Adoptó la forma de un Estado burocrático-autoritario y se caracterizó por establecer un plan sistemático de terrorismo de Estado, que incluyó secuestro, tortura, desaparición forzada y robo de bebés (y ocultamiento de su identidad).[n. 5][5]
Se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 ejecutado por las Fuerzas Armadas y sectores civiles socialmente conservadores, principalmente del empresariado y la Iglesia católica. El golpe militar derrocó a todas las autoridades constitucionales, nacionales y provinciales, incluyendo a la presidenta justicialista María Estela Martínez de Perón, imponiendo en su lugar una Junta Militar integrada por los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, que dictó varias normas de jerarquía supraconstitucional y nombró a un funcionario militar con la suma de los poderes ejecutivo y legislativo, de la Nación y las provincias, que recibió el título de «presidente», y cinco funcionarios civiles que ocuparon la Corte Suprema.
Los objetivos declarados del Proceso de Reorganización Nacional fueron combatir la «corrupción», la «demagogia» y la «subversión», y ubicar a la Argentina en el «mundo occidental y cristiano».[6] Sobre la ideología del programa económico existen discrepancias: una línea de historiadores señalan que se estableció un modelo económico-social siguiendo los lineamientos ideológicos del llamado neoliberalismo,[7] recién surgido. En cambio, otros autores y fuentes señalan que el liberalismo nunca fue ejecutado y en su lugar la gestión económica desarrolló un notable gradualismo económico.[8]
Además, impuso mediante una política de violación sistemática de los derechos humanos, en línea con la doctrina de la seguridad nacional elaborada por Estados Unidos, articulada continentalmente mediante el Plan Cóndor, dirigida contra un sector de la población acusada de ser «peronista», «populista», «zurda», «izquierdista» o «subversiva». La dictadura produjo miles de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos, etc, que han sido judicialmente calificado como genocidio.[9] Contó con el apoyo o la tolerancia de los principales medios de comunicación privados y grupos económicos, la Iglesia católica y la mayor parte de los países democráticos del mundo.
El 10 de diciembre de 1983, la dictadura, debilitada tras la derrota en la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido, sucedida un año y medio antes, se vio obligada a entregar el poder sin condiciones a un Gobierno elegido libremente por la ciudadanía. Ese día, que luego sería oficialmente establecido como Día de la Restauración de la Democracia, asumió sus funciones el presidente Raúl Alfonsín, las dos cámaras del Congreso de la Nación, los gobernadores y legislaturas de las 22 provincias que existían en ese momento y las autoridades municipales democráticas. La Corte Suprema dictatorial había cesado dos días antes, mientras que la nueva Corte Suprema designada por el presidente Alfonsín con acuerdo del Senado, asumió el 23 de diciembre.[10]