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Crisis política en Perú de 2009
manifestaciones de indígenas contra el estado por su apoyo a transnacionales / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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La crisis política en Perú de 2009 se refiere al periodo de inestabilidad política debido a la aplicación de diez decretos legislativos y leyes en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Los personas indígenas de la Amazonía peruana no estaban de acuerdo[1] y sostenían que al promulgar estos decretos, el Gobierno peruano incumple el Convenio 169 de la OIT, al que está obligado como parte signataria; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular los artículos 26, 29 y 32, entre otros; y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos a la tierra de los pueblos indígenas.[2]
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Estos pueblos indígenas estaban en oposición a diversos decretos impulsados por el Gobierno peruano para su adecuación con el TLC con Estados Unidos.[3] Este conflicto ha sido descrito como la peor violencia política del Perú en años y es la peor crisis del segundo periodo del gobierno del expresidente Alan García, mientras que al primer ministro Yehude Simon se le pidió que renuncie a su puesto.[4][5]
Los indígenas representados por la Confederación de Nacionalidades Amazónicas (CONAP) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) cuestionan los decretos legislativos 1015, 1073, 994, 1020, 1064, 1081 y 1090. Igualmente cuestionan las leyes del Congreso 840, 1770 y 1992.[6]
La expresión ley de la selva hace referencia a una situación donde el más fuerte se impone, que llevado a un contexto como el peruano podría hacer referencia a la imposición de una apuesta ideológica en que se basa el poder político que gobierna el país.
El Ejecutivo ha propuesto al Parlamento un proyecto de ley para promover la inversión privada que de aprobarse pondría en venta las tierras de la Amazonía. Diversos sectores han manifestado su oposición a la iniciativa a la que han denominado la «ley de la selva», suponemos por la intención del Gobierno por imponer su aprobación y el objetivo que persigue al subastar la selva.