Manuel Cepeda
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Manuel Cepeda Vargas (Armenia, 13 de abril de 1930-Bogotá, 9 de agosto de 1994) fue un abogado, periodista, político colombiano asesinado por grupos paramilitares y miembros activos de las Fuerzas Armadas de Colombia, bajo las órdenes de algunos altos mandos militares, en el marco de un proceso de exterminio sistemático contra los integrantes de la Unión Patriótica.[1][2][3]
Manuel Cepeda | ||
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Presidente y Secretario General del Partido Comunista Colombiano | ||
1992-1994 | ||
Predecesor | Álvaro Vásquez del Real | |
Sucesor | Jaime Caycedo Turriago | |
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Información personal | ||
Nombre en español | Manuel Cepeda Vargas | |
Nacimiento |
13 de abril de 1930 Armenia, Colombia | |
Fallecimiento |
9 de agosto de 1994 (64 años) Bogotá, Colombia | |
Causa de muerte | Homicidio por arma de fuego | |
Sepultura | Cementerio Central de Bogotá | |
Nacionalidad | Colombiana | |
Religión | Católicismo | |
Familia | ||
Cónyuge | Yira Castro | |
Hijos | Iván Cepeda y María Cepeda | |
Educación | ||
Educado en | Universidad del Cauca | |
Información profesional | ||
Ocupación | Abogado, periodista y político | |
Partido político | Unión Patriótica | |
Como miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano (PCC) denunciaba continuamente la persecución política contra el PCC, la Unión Nacional de Oposición y la Unión Patriótica (UP).
Cepeda fue asesinado en la localidad de Kennedy, suroeste de Bogotá cuando se dirigía al Congreso de la República, donde realizaría un esperado debate acerca de la adhesión de Colombia al Protocolo de Ginebra con el que se buscaba una mayor protección de la población civil, aplicando el Derecho Internacional Humanitario (IDH), en el marco del conflicto armado colombiano. Su asesinato se debió al proceso de persecución sistemática, estigmatización, amenazas y muerte violenta conocido como el Exterminio de la UP. Este plan fue ejecutado en el marco del llamado "Golpe de Gracia" y del "Plan Baile Rojo", a través de los cuales fueron asesinados dos candidatos a la presidencia de la República, otros ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 6.000 militantes de la UP. Sin la aquiescencia del Estado colombiano y la activa participación de la cúpula castrense y de agentes del Estado, no habría sido posible un genocidio de semejantes proporciones.
En el fallo de condena del Estado por el genocidio de la UP, la Corte IDH sostuvo que la represión sufrida por la Unión Patriótica incluyó asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, allanamientos y atentados. También afirmó que esta violencia sistemática se extendió a casi la totalidad del país, contando para ello con la complicidad de autoridades locales. Fue un crimen de lesa humanidad, concluyó el alto tribunal.