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Prisión de deudores
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Una prisión de deudores es una prisión para personas que no pueden pagar deudas. Hasta mediados del siglo XIX, las prisiones de deudores (normalmente similares en su forma a casas de trabajo cerradas) eran una forma común de hacer frente a las deudas impagadas en Europa Occidental.[1] Los indigentes que no podían pagar una sentencia judicial eran encarcelados en estas prisiones hasta que saldaban su deuda mediante el trabajo o conseguían fondos externos para pagar el saldo. El producto de su trabajo se destinaba a sufragar los costes de su encarcelamiento y la deuda acumulada. A lo largo de la historia de la ley de quiebras, el aumento del acceso a la justicia y la indulgencia han hecho que las penas de prisión por indigencia no agravada hayan quedado obsoletas en la mayor parte del mundo.
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Desde finales del siglo XX, el término prisión de deudores también ha sido aplicado a veces por los críticos a los sistemas de justicia penal en los que un tribunal puede condenar a alguien a prisión por el impago intencionado de tasas penales, normalmente siguiendo la orden de un juez.[2] Por ejemplo, en algunas jurisdicciones de Estados Unidos, las personas pueden ser declaradas en desacato al tribunal y encarceladas tras el impago intencionado de manutención de menores, embargos, confiscaciones, multas o impuestos atrasados. Además, aunque en naciones como los Estados Unidos el deberes civiles sobre deudas privadas se notifique debidamente, sólo se dictará una default judgment juicio en ausencia si el demandado se niega voluntariamente a comparecer conforme a la ley,[3] un número considerable de deudores indigentes son encarcelados legalmente por el delito de no comparecer en un procedimiento civil por deudas según lo ordenado por un juez.[4] En este caso, el delito no es la indigencia, sino desobedecer la orden del juez de comparecer ante el tribunal.[5][6][7] Los críticos argumentan que la terminología "doloso" está sujeta a la determinación individual de mens rea por parte de un juez, en lugar de a la ley, y que dado que esto presenta la posibilidad de que los jueces encarcelen a personas legítimamente indigentes, equivale a un sistema de "prisión de deudores" de facto.