Segunda República española
régimen político establecido en España entre el 14 de abril de 1931 y el 1 de abril de 1939 / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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La Segunda República española, cuyo nombre oficial era República Española, fue el régimen democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de su proclamación, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil, que dio paso a la dictadura franquista.
Tras el período del Gobierno Provisional (abril-diciembre de 1931), durante el cual se aprobó la Constitución de 1931 y se iniciaron las primeras reformas, la historia de la Segunda República Española «en paz» (1931-1936) suele dividirse en tres etapas. Un primer bienio (1931-1933) durante el cual la coalición republicano-socialista presidida por Manuel Azaña llevó a cabo diversas reformas que pretendían modernizar el país. Un segundo bienio (1933-1935), llamado bienio radical-cedista, durante el cual gobernó la derecha, con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, apoyado desde el parlamento por la derecha católica de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que pretendió «rectificar» las reformas izquierdistas del primer bienio. Durante este bienio se produjo el acontecimiento más grave del período: la insurrección anarquista y socialista conocida como Revolución de 1934, que en Asturias se convirtió en una auténtica revolución social y que finalmente fue sofocada por el Gobierno con la intervención del ejército. La tercera etapa viene marcada por el triunfo de la coalición de izquierdas conocida con el nombre de Frente Popular en las elecciones generales de 1936, y que solo pudo gobernar en paz durante cinco meses a causa del golpe de Estado del 17 y 18 de julio promovido por una parte del Ejército que desembocó en la guerra civil española.
Durante la Segunda República Española en guerra (1936-1939) se sucedieron tres gobiernos: el primero (de julio a septiembre de 1936) fue presidido por el republicano de izquierda José Giral, si bien el poder real estuvo en manos de los cientos de comités que se habían formado tras estallar la revolución social española de 1936; el siguiente gobierno fue asumido por el socialista Francisco Largo Caballero, el líder de uno de los dos sindicatos que habían protagonizado la revolución —la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)—; y el tercero, por el también socialista Juan Negrín, como consecuencia de la caída de Largo Caballero tras las Jornadas de Mayo. Negrín gobernó hasta principios de marzo de 1939, cuando se produjo el golpe de Estado del coronel Casado que puso fin a la resistencia republicana y dio paso a la victoria del bando sublevado encabezado por el general Franco. A partir de entonces, la república dejó de existir en territorio español; sin embargo, sus instituciones se mantuvieron en el exilio, pues la mayoría de sus miembros había huido del país.
Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en enero de 1930, Alfonso XIII intentó devolver al debilitado régimen monárquico a la senda constitucional y parlamentaria, a pesar de la debilidad de los partidos dinásticos. Para ello, nombró presidente del Gobierno al general Dámaso Berenguer, pero este fracasó en su intento de volver a la «normalidad constitucional». En febrero de 1931 el rey Alfonso XIII ponía fin a la «dictablanda» del general Berenguer y ofreció el gobierno a Alba (líder del Partido Liberal), pero este se negó, por lo que entonces se lo entregó a Sánchez Guerra, el cual fue a la cárcel Modelo, donde estaban presos los participantes de la sublevación de Jaca y les ofreció sendas carteras ministeriales. Finalmente el rey nombraba nuevo presidente al almirante Juan Bautista Aznar, en cuyo gobierno de «concentración monárquica» entraron viejos líderes de los partidos dinásticos liberal y conservador, como el conde de Romanones, Manuel García Prieto, Gabriel Maura Gamazo (hijo de Antonio Maura) y Gabino Bugallal.[1] El Gobierno propuso un nuevo calendario electoral: se celebrarían primero elecciones municipales el 12 de abril, y después elecciones a Cortes que tendrían el carácter de Constituyentes, por lo que podrían proceder a la revisión de las facultades de los Poderes del Estado y la precisa delimitación del área de cada uno (es decir, reducir las prerrogativas de la Corona) y a una adecuada solución al problema de Cataluña.[2]
Las elecciones municipales del domingo 12 de abril de 1931 arrojaron, en el momento de la proclamación del nuevo régimen, unos resultados parciales de 22 150 concejales monárquicos —de los partidos tradicionales— y apenas 5875 concejales para las diferentes iniciativas republicanas, quedando 52 000 puestos aún sin determinar. Pese al mayor número de concejales monárquicos, las elecciones suponían a la Corona una amplia derrota en los núcleos urbanos: la corriente republicana había triunfado en 41 capitales de provincia. En Madrid, los concejales republicanos triplicaban a los monárquicos y, en Barcelona, los cuadruplicaban. Si las elecciones se habían convocado como una prueba para sopesar el apoyo a la monarquía y las posibilidades de modificar la ley electoral antes de la convocatoria de elecciones generales, los partidarios de la república consideraron tales resultados como un plebiscito a favor de su instauración inmediata. El marqués de Hoyos llegaría a decir que «las noticias de los pueblos importantes eran, como las de las capitales de provincia, desastrosas».[3] Dependiendo de los autores, hay distintas interpretaciones de los resultados. Algunos de dichos autores sugieren que la razón por la cual los resultados de los principales centros urbanos representaban la derrota de la monarquía es posible hallarla en que, en esos núcleos, el voto estaba menos adulterado, pues la presencia de caciques, partidarios en su inmensa mayoría de la monarquía, era menor. Esto daba constancia de que la corona estaba completamente desacreditada, puesto que se había arrimado demasiado al régimen dictatorial de Primo de Rivera; en tanto otros sugieren que los anuarios fueron adulterados y que la victoria monárquica fue incluso mayor de lo registrado[4]
A las diez y media de la mañana del lunes 13 de abril, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Bautista Aznar-Cabañas, entraba en el Palacio de Oriente de Madrid para celebrar el Consejo de Ministros. Preguntado por los periodistas sobre si habría crisis de gobierno, Aznar-Cabañas contestó:[5]
¿Que si habrá crisis? ¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y se despierta republicano?
En la reunión del Gobierno, el ministro de Fomento, Juan de la Cierva y Peñafiel, defiende la resistencia: «Hay que constituir un gobierno de fuerza, implantar la censura y resistir». Le apoyan otros dos ministros: Gabino Bugallal, conde de Bugallal, y Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas. El resto de los ministros, encabezados por el conde de Romanones, piensan que está todo perdido, sobre todo cuando se van recibiendo las respuestas titubeantes de los capitanes generales al telegrama que les ha enviado horas antes el ministro de la guerra, el general Dámaso Berenguer, y en el que les ha aconsejado seguir «el curso que les imponga la suprema voluntad nacional».[5]
A primeras horas de la mañana del martes 14 de abril, el general Sanjurjo, director de la Guardia Civil, se dirige a la casa de Miguel Maura, donde se encuentran reunidos los miembros del comité revolucionario que no estaban exiliados en Francia, ni escondidos: Niceto Alcalá-Zamora, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Santiago Casares Quiroga y Álvaro de Albornoz. Nada más entrar en la casa, el general Sanjurjo se cuadra ante Maura y le dice: «A las órdenes de usted, señor ministro».[5] Por su parte, el rey Alfonso XIII le pide al conde de Romanones, viejo conocido de Niceto Alcalá-Zamora, que este se ponga en contacto con él para que, como presidente del comité revolucionario, le garantice su salida pacífica de España y la de su familia. A la una y media de la tarde tiene lugar la entrevista en casa del doctor Gregorio Marañón, quien había sido médico del rey y que ahora apoyaba la causa republicana. El conde de Romanones le propone a Alcalá-Zamora crear una especie de gobierno de transición o incluso la abdicación del rey en favor del príncipe de Asturias. Pero Alcalá-Zamora exige que el rey salga del país «antes de que se ponga el sol». Y le advierte: «Si antes del anochecer no se ha proclamado la república, la violencia del pueblo puede provocar la catástrofe».[5]
El monarca marchó hacia el exilio a las 21 horas del mismo 14 de abril de 1931 hacia la ciudad de Cartagena llegando al Arsenal de la misma a las 4 de la madrugada, una compañía de infantería de marina garantizaba su seguridad, el Rey subió a bordo del buque Príncipe Alfonso partiendo rumbo a Cádiz a recoger al infante Don Juan antes de viajar a Londres; unas horas antes de su partida, se celebraba una reunión conspirativa de personalidades derechistas en el domicilio del conde de Guadalhorce con el propósito de sentar las bases de un partido político de corte monárquico y, al mismo tiempo, tratar de definir una estrategia contrarrevolucionaria que pudiera derribar el régimen democrático naciente.[6] El día 16 de abril se hizo público el siguiente manifiesto, redactado en nombre del rey por el duque de Maura, hermano del líder político Miguel Maura, y que el día 17 solo publicó el diario ABC, en portada, acompañado de una «Nota del gobierno provisional»:
Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin malicia.
Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa.
También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles.[7]
Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos.
Alfonso XIII abandonó el país sin abdicar formalmente y se trasladó a París, fijando posteriormente su residencia en Roma. En enero de 1941 abdicó en favor de su tercer hijo, Juan de Borbón. Falleció el 28 de febrero del mismo año.
Las ciudades de Sahagún (León), Éibar (Guipúzcoa) y Jaca (Huesca) fueron las tres únicas ciudades que proclamaron la república un día antes de la fecha oficial, el 13 de abril de 1931. El Gobierno de la Segunda República española les concedería posteriormente el título de Ilustrísimas Ciudades. La primera ciudad en la que se izó la bandera tricolor fue Éibar, a las seis y media de la mañana del 14 de abril, y en la tarde de ese mismo día le siguieron las principales capitales españolas, incluyendo Valencia, Barcelona y Madrid, en las que las candidaturas republicanas obtuvieron mayorías muy holgadas.
El escritor eibarrés Toribio Echeverría recuerda, en su libro Viaje por el país de los recuerdos, la proclamación de la Segunda república en Éibar de esta forma:
...y antes de las seis de la mañana habíase congregado el pueblo en la plaza que se iba a llamar de la República, y los concejales electos del domingo, por su parte, habiéndose presentado en la Casa Consistorial con la intención de hacer valer su investidura desde aquel instante, se constituyeron en sesión solemne, acordando por unanimidad proclamar la República. Acto seguido fue izada la bandera tricolor en el balcón central del ayuntamiento, y Juan de los Toyos dio cuenta desde él al pueblo congregado, que a partir de aquella hora los españoles estábamos viviendo en República. (Toribio Echeverría, Viaje por el país de los recuerdos)
Principios fundamentales de la Constitución de 1931
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Tras la proclamación de la república, tomó el poder un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora desde el 14 de abril hasta el 14 de octubre de 1931, fecha en que presentó su dimisión por su oposición a la forma en como se recogió el laicismo del Estado en el artículo 26 de la nueva Constitución, siendo sustituido por Manuel Azaña. El 10 de diciembre de 1931 fue elegido presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora, por 362 votos de los 410 diputados presentes (la Cámara estaba compuesta por 446 diputados). En este cargo se mantuvo hasta el 7 de abril de 1936, cuando la nueva mayoría de las Cortes del Frente Popular lo destituye por haber convocado dos veces elecciones generales en un mismo mandato, lo que podía considerarse una extralimitación de sus prerrogativas, siendo sustituido por Manuel Azaña.
El Parlamento resultante de las elecciones constituyentes de 28 de junio de 1931 tuvo por misión la de elaborar y aprobar una constitución el día 9 de diciembre del mismo año.
La Constitución republicana supuso un avance notable en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos por el ordenamiento jurídico español y en la organización democrática del Estado: dedicó casi un tercio de su articulado a recoger y proteger los derechos y libertades individuales y sociales, amplió el derecho de sufragio activo y pasivo a los ciudadanos —de ambos sexos a partir de 1933— mayores de 23 años y residenció el poder legislativo en el pueblo, que lo ejercía a través de un órgano unicameral que recibió la denominación de Cortes o Congreso de los Diputados. Además, estableció que el jefe de Estado sería en adelante elegido por un colegio compuesto por diputados y compromisarios, los que a su vez eran nombrados en elecciones generales.
Símbolos del nuevo Estado
La historia de la bandera tricolor responde a un sentimiento esencialmente popular. El morado había venido siendo usado por los movimientos liberal y, posteriormente, progresista o exaltado desde los tiempos del Trienio Liberal (1820-1823) por influencia del mito del pendón morado de Castilla, que defendía que los comuneros del xvi se alzaron con una enseña de tal color contra Carlos I por su política de dar a hombres flamencos los puestos más importantes de la administración castellana. Sea como fuere, en 1931 el color morado o violeta tenía una especie de tradición popular, lo que llevó a su definitiva inclusión en la nueva bandera nacional, en un arranque improvisado de diferenciar al nuevo régimen que comenzaba tras las votaciones del 12 de abril en sus símbolos más necesarios.
La unión del rojo, el amarillo y el morado en tres franjas de igual tamaño se hace oficial en el decreto de 27 de abril de 1931:
Artículo 2.º: Las banderas y estandartes... estarán formadas por tres bandas horizontales de igual ancho, siendo roja la superior, amarilla la central y morada oscura la inferior. En el centro de la banda amarilla figurará el escudo de España, adoptándose por tal el que figura en el reverso de las monedas de cinco pesetas acuñadas por el Gobierno provisional en 1869 y 1870.[8]
Fue refrendada con en el artículo primero de la Constitución del 31. En dicho decreto se aclaró la inclusión del color castellano a los tradicionales aragoneses: «Hoy se pliega la bandera adoptada como nacional a mediados del siglo xix. De ella se conservan los dos colores y se le añade un tercero que la tradición admite por insignia de una región ilustre, nervio de la nacionalidad, con lo que el emblema de la II República española, así formado, resume más acertadamente la armonía de una gran España». En el mismo decreto se explicaba el nuevo significado de la bandera tricolor: «La República cobija a todos. También la bandera, que significa paz, colaboración entre los ciudadanos bajo el imperio de justas leyes. Significa más aún: el hecho, nuevo en la Historia de España, de que la acción del Estado no tenga otro móvil que el interés del país, ni otra norma que el respeto a la conciencia, a la libertad y al trabajo».
Los orígenes de esta nueva enseña se remontan a 1820. En ese año el general Riego, tras «reproclamar» la Constitución de Cádiz en Las Cabezas de San Juan, provocó durante un breve lapso de tiempo —apenas tres años— la apertura liberal del régimen de Fernando VII. Durante este período se fundó la Milicia Nacional, a la que se le asignaron banderas moradas con el escudo de Castilla y León. Poco duró dicha divisa, pues ese mismo año es sustituida por otra rojigualda con el lema «Constitución» en su franja central.
En 1823 el regreso de Fernando VII al absolutismo acabó también con la propia Milicia Nacional. En 1843, bajo el reinado de Isabel II, se decretó por primera vez, el 13 de octubre, la unificación de la bandera nacional. En dicho decreto regulador se permitió a los regimientos que antes tuvieran banderas moradas el uso de tres corbatas —los cordones que cuelgan de los extremos superiores de las banderas— con los colores rojo, amarillo y morado. Este es el principal antecedente de la tricolor.
Tras el destierro de Isabel II, el Gobierno Provisional de 1868-1871 cambió el escudo monárquico sustituyendo en él la corona real por la mural y eliminando el escusón de Borbón-Anjou. El escudo republicano seguirá el modelo del de dicho período. El breve reinado de Amadeo I concluyó con la proclamación de la Primera República. La bandera proyectada durante este régimen emulaba los colores revolucionarios de Francia: el rojo, el blanco y el azul, modificación que no se llevó a cabo por su corta duración[cita requerida] y, con la Restauración, la bandera recuperó sus elementos de 1843.
Durante la Restauración, el Partido Federal adoptó los colores de la Milicia Nacional de 1820 como símbolo de la facción antidinástica y rechazo al sistema establecido. Comenzó a verse la bandera tricolor en casinos, periódicos y centros de adscripción republicana. Fue tal el fuerte vínculo de estos colores con la idea del republicanismo, de cambio y de progreso, durante el reinado de Alfonso XII, la regencia de María Cristina, el reinado de Alfonso XIII y las dictaduras de Primo de Rivera y Berenguer, que, en un arranque de espontaneidad, una vez conocidos los primeros resultados de las votaciones del 12 de abril de 1931, especialmente en Madrid, el pueblo se echó a la calle portando insignias, escarapelas y banderas con los tres colores.
Para ella se adaptó el escudo que en 1868 eligió el Gobierno Provisional de 1868-1871: cuartelado de Castilla, León, Aragón y Navarra, con Granada en punta, timbrado por corona mural y entre las dos columnas de Hércules. Como novedad, destaca su menor tamaño, la misma medida para las tres franjas y los flecos dorados en el contorno de las pertenecientes al ejército. También se acuñaron monedas con el nuevo escudo.
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De manera similar, se trató de escoger como himno nacional el popularmente conocido durante gran parte del siglo xix como Himno de Riego, sustituyendo al oficial hasta entonces, la Marcha Real. Sin embargo, a pesar de la creencia popular, nunca fue oficialmente el himno de la República; en 1931, poco después de su proclamación, se organizó una gran polémica sobre su validez como himno nacional en la que terciaron numerosos políticos, intelectuales y músicos: entre otros fue famoso un artículo de Pío Baroja en su contra, ya que lo consideraba demasiado callejero e impropio de los ideales del nuevo régimen. Tal vez en respuesta a esas quejas, el famoso compositor Óscar Esplá, junto al poeta andaluz Manuel Machado, propuso un himno totalmente nuevo, el Canto rural a la República Española, que fue finalmente rechazado. [cita requerida]
Principales ciudades de la Segunda República Española (censo de 1930) | |||||||
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Posición | Ciudad | Población | |||||
1.ª | Barcelona | 1 005 565 | |||||
2.ª | Madrid | 952 832 | |||||
3.ª | Valencia | 320 195 | |||||
4.ª | Sevilla | 228 729 | |||||
5.ª | Málaga | 188 010 | |||||
6.ª | Zaragoza | 173 987 | |||||
7.ª | Bilbao | 161 987 | |||||
8.ª | Murcia | 158 724 | |||||
9.ª | Granada | 118 179 | |||||
10.ª | Córdoba | 103 106 | |||||
Las intenciones de la República se enfrentaron con la cruda realidad de una economía mundial sumida en la Gran Depresión, de la que el mundo no se recuperó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En términos de fuerzas sociales, la Segunda República surgió porque los oficiales del Ejército no apoyaron al rey, con el que estaban molestos por haber aceptado este la dimisión de Primo de Rivera, y a un clima de creciente reivindicación de libertades, derechos para los trabajadores y tasas de desempleo crecientes, lo que resultó en algunos casos en enfrentamientos callejeros, revueltas anarquistas, asesinatos por grupos extremistas de uno u otro bando, golpes de Estado militares y huelgas revolucionarias.
En España la agitación política tomó además un cariz particular, siendo la Iglesia objetivo frecuente de la izquierda revolucionaria, que veía en los privilegios de que gozaban una causa más del malestar social que se vivía, lo cual se tradujo muchas veces en la quema y destrucción de iglesias. La derecha conservadora, muy arraigada también en el país, se sentía profundamente ofendida por estos actos y veía peligrar cada vez más la buena posición de que gozaba ante la creciente influencia de los grupos de izquierda revolucionaria. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la Segunda República sufrió un severo aislamiento, ya que los grupos inversores extranjeros presionaron a los gobiernos de sus países de origen para que no apoyaran al nuevo régimen, temerosos de que las tendencias socialistas que cobraban importancia en su seno, terminaran por imponer una política de nacionalizaciones sobre sus negocios en España. Para comprender esto es clarificador saber que la compañía Telefónica era un monopolio propiedad de la norteamericana International Telephone and Telegraph (ITT), que los ferrocarriles y sus operadoras estaban fundamentalmente en manos de capital francés, mientras que las eléctricas y los tranvías de las ciudades pertenecían a distintas empresas (mayormente británicas y belgas). Como consecuencia, no hubo una sola nacionalización durante el periodo republicano, pero, sin embargo, el respaldo de las potencias fascistas alentó a muchos generales conservadores para que planificaran insurrecciones militares y golpes de Estado. Sus intenciones se materializarían primero en la «La Sanjurjada» de 1932 y en el fallido golpe de 1936, cuyo resultado incierto desembocó en la guerra civil española. Por su parte, las democracias occidentales no apoyaron al régimen republicano por miedo a un enfrentamiento armado, salvo en coyunturas muy específicas, lo que no sirvió, en última instancia, para evitar la Segunda Guerra Mundial.
La sociedad española de los años treinta era fundamentalmente rural: un 45,5 % de la población activa se ocupaba en la agricultura, mientras que el resto se repartía a partes iguales entre la industria y el sector servicios. Estas cifras describen una sociedad que aún no había experimentado la Revolución industrial. En cuanto a sindicatos y partidos políticos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuya lista fue la más votada para las elecciones constituyentes de 1931, contaba con 23 000 afiliados; su organización hermana, el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ya contaba en 1922 con 200 000 afiliados; el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) tenía en septiembre de 1931 unos 800 000 afiliados. Otras organizaciones, como el Partido Comunista de España (PCE) tenían una presencia nominal y no cobraron fuerza hasta el comienzo de la Guerra Civil. En cuanto a los nacionalismos, la Lliga Regionalista de Catalunya, liderada por Francesc Cambó había apoyado abiertamente la dictadura de Primo de Rivera, y por ello permaneció al margen de la política durante la República, mientras que otros partidos políticos catalanes, más escorados hacia la izquierda o el independentismo, fueron los que tuvieron mayor protagonismo; en el caso del País Vasco y Navarra, cabe mencionar que aún no se había consumado la ruptura entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Comunión Tradicionalista (CT), integrada esta última por los carlistas.
Respecto de las iniciativas de cambio socioeconómico de los gobiernos republicanos, caben destacar las subidas de los salarios de los trabajadores del campo llevadas a cabo durante el bienio social-azañista, invertidas luego durante el bienio radical-cedista, encaminadas a mejorar las condiciones de vida en el medio rural. Otras iniciativas fueron las ocupaciones de tierra y expropiaciones ilegales en los momentos iniciales de la Guerra Civil como una manera de conseguir ingresos y apoyo popular por parte del campesinado.
Los Ministros de Hacienda republicanos, sin distinciones ideológicas, consideraron el déficit presupuestario como uno de los problemas más urgentes a solucionar, junto con la depreciación de la peseta, para afrontar los problemas económicos de España. Participando, como sus contemporáneos, de los principios de la ortodoxia clásica en la Hacienda pública, intentaron alcanzar el equilibrio presupuestario, considerando que la actividad financiera del sector público no debería perjudicar el consumo y la inversión privados.[9]
A nivel educativo se asistió a un importante impulso de la educación pública, inédito en la historia española. La Segunda República proyectó una mejora cualitativa y cuantitativa del sistema de enseñanza: los cálculos más conservadores estiman un incremento de 37 500 a 50 500 maestros en cuatro años (de abril de 1931 a abril de 1935), la creación de 91 nuevos centros de secundaria (se duplicaron los ya existentes) así como un aumento en el número de alumnos de 76 074 en el curso 1930-31 a 145 007 en el curso 1934-35. El 16 de septiembre de 1932 se aprobaba por ley un empréstito de 400 millones de pesetas más otros 200 aportados por los Ayuntamientos para construcciones escolares, lo que permitió un notable incremento en la creación de escuelas. Se mejoró sustancialmente la retribución de los docentes y su formación, así como su presencia en el medio rural, por lo que se ha llegado a decir que «durante el período de la República el maestro se convirtió en el referente social y político del pueblo». Así mismo, se hizo hincapié en promover las innovaciones pedagógicas y en extender la formación y la cultura por todo el territorio a través de las Misiones Pedagógicas.[10]