Juan Carlos Suárez-Quiñones

Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández (León, 1961)^[1] es un jurista y juez español. Desde julio de 2015 ocupa el cargo de Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio la Junta de Castilla y León inicialmente en el gobierno de Juan Vicente Herrera^[1] y actualmente de Alfonso Fernández Mañueco.

Juan Carlos Suárez-Quiñones
Consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León Actualmente en el cargo
Desde el 13 de julio de 2015
Presidente	Juan Vicente Herrera (2015-2019) Alfonso Fernández Mañueco (2019-presente)
Predecesor	Antonio Silván
Delegado del Gobierno de España en Castilla y León
10 de abril de 2015-8 de julio de 2015
Presidente	Mariano Rajoy
Predecesor	Ramiro Ruiz Medrano
Sucesor	María José Salgueiro
Procurador de las Cortes de Castilla y León por León Actualmente en el cargo
Desde el 10 de marzo de 2022
Información personal
Nacimiento	1961 León, España
Nacionalidad	Española
Educación
Educado en	Universidad de León
Información profesional
Ocupación	Juez
Partido político	Partido Popular
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Biografía

Se licenció en Derecho por la Universidad de León y en 1987 ingresó en la carrera judicial. Entre 2002 y 2012 fue juez decano de León, hasta su nombramiento como Subdelegado del Gobierno en León el 10 de febrero de 2012, cargo que ocupó hasta su nombramiento como Delegado del Gobierno en Castilla y León el 10 de abril de 2015 en sustitución de Ramiro Ruiz Medrano. Asumió la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en julio de 2015.^[2][3]

En el verano de 2018 se le relacionó en el llamado «Caso Enredadera», (en el cual no ha sido imputado), al aparecer en varias escuchas telefónicas realizada por la Policía al empresario José Luis Ulibarri, finalmente imputado en la trama, en la cual le informaba, con el fin de resolver el problema de la paralización de una carretera en la provincia de León por la adjudicataria inicial de la obra, que podía presentar oferta.^[4] En otra conversación de este empresario investigado, reconocía que «ha dado orden expresa de que hay que cuidar de él».^[5]