Pena de muerte en el Perú

La pena de muerte en el Perú se aplicaba en caso de traición a la patria, terrorismo, espionaje, genocidio, motín y deserción en tiempos de guerra. La pena de muerte en el Perú ha sido utilizada hasta 1979. Ese mismo año, se abolió para los delitos comunes.^[1][2]

En 1856, la pena de muerte ya se había abolido, pero esta se restableció en 1933 para criminales hasta 1979.^[3] Si bien se abolió, en 1993 se incluyó en el delito de terrorismo cuando el país afrontaba tiempos de guerra.^[4]

Usos

La pena capital fue legal solo durante tiempos de guerra internacional o terrorismo, con numerosas restricciones. Las sentencias de muerte durante este tiempo se les permitía por delitos específicos, y solo pudieron ser impuestas por los tribunales militares durante los estados de guerra.

Regulación jurídica

En 1978 Perú se unió al pacto de San José, lo que vuelve inaplicable legalmente.^[5] Esto se aplicó oficialmente en la Constitución de 1979, en que la pena de muerte fue abolida.^[6]

Posteriormente, la pena de muerte regresó en el ordenamiento jurídico peruano, se encuentra en el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993.

Capítulo VIII: Poder Judicial

Artículo 140°.- La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en tiempos de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y tratados de los que el Perú es parte obligada.^[7]

Propuestas de restitución de la pena capital

El gobierno de Alberto Fujimori propuso restablecer la pena de muerte para procesar a condenados por terrorismo, que se aplicaría posteriormente en la Constitución de 1993.^[8] El monseñor Luis Bambarén y el analista Miguel Rodríguez Mackay también se mostaron a favor.^[9][10] Presidentes como Alan García^[11] y Dina Boluarte^[12] se mostraron a favor de implementarla.

La pena de muerte contó con opositores. Entre ellos se encontraban el escritor Mario Vargas Llosa, el pintor Fernando de Szyszlo y personalidades mediáticas como Carlos Carlín, Katia Condos, Vanessa Saba y Carlos Galdós.^[13]

Por otro lado, varios partidos políticos intentaron retirar el acuerdo internacional del país al considerarlo beneficioso para los sentenciados por delitos contra la vida.^{[10][14][15][16][17]} Se elaboraron 21 proyectos de ley entre 2001 y 2025.^[18] En determinados casos, intentaron estigmatizar a la CIDH para romper ese pacto, acusándola de «izquierda caviar». Entre los promotores se encuentran a Keiko Fujimori^[19] y varios partidos conservadores, incluido Acción Popular en 2023.^[20][21]

Propuesta de restitución por el gobierno de Dina Boluarte

La presidenta Dina Boluarte propuso procesar a agresores sexuales y también a delincuentes. El abogado penalista Alfredo Galindo Peralta señaló que la propuesta de restituir la pena de muerte suele ser «populistas», ya que el Tribunal Constitucional lo declararía inconstitucional y contraviene el Pacto de San José.^[22] Las expertas Marina Navarro y Tania Pariona dudaron de su viabilidad, mucho menor que la cadena perpetua, y señalaron que tardaría hasta ocho años en aplicarse.^[23]

En 2025, el gobierno de Boluarte organizó 23 mesas de debate a nivel nacional. Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, advirtió que el Gobierno había invitado a los pocos asistentes para enseñarles a votar con un código QR, cuyos resultados suelen ser presentados como mayoritariamente favorables a la restitución.^[24] Sin embargo, no se consiguió elaborar un informe que sacara una conclusión de la serie de debates.^[25]

Aplicación

Entre los años 1957-1979 fueron ejecutados 12 hombres.^[26] En la mayoría de los casos por cometer genocidio e infanticidio.

• En 1957 se ejecutó a Jorge Villanueva Torres conocido también como "Monstruo de Armendáriz", por presuntamente violar y asesinar a Julio Hidalgo Zavaleta, un niño de tres años de edad.^[27] Años después de su ejecución, se determinó que era inocente.^[28]
• En el año 1966, se ejecutó a Guillermo Lavalle "Pichuzo", por el secuestro y asesinato de Américo Chihuán, un niño de cuatro años de edad.^[29]
• En 1970 se llevó a cabo la ejecución de Udilberto Vásquez, acusado de la violación y asesinato de una niña de 11 años en 1966.^[30]
• En 1971, se aplicó la pena capital a Víctor Apaza Quispe por el asesinato de su conviviente, Agustina Belisario Capacoyla, en Arequipa.^[31]
• En 1973, se llevaron a cabo tres ejecuciones: Alejandro Lastra y Gerardo Pinto fueron ejecutados por los asesinatos de un policía y un empleado de un banco, durante un asalto y José Murillo Andrade, fue ejecutado por el asesinato de un detective policial.
• En 1974 se ejecutó a Juan Marache Zapata por el asesinato de un policía.
• En 1976 nuevamente se llevaron a cabo tres ejecuciones: Miguel Salazar Valdivia fue ejecutado por el asesinato de un policía durante un asalto y Luis Uscuvilca y Alfredo Benítez fueron ejecutados por haber asesinado a un guardia civil, durante un asalto.
• La última ejecución fue aplicada en el año 1979,^[32] en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez donde se fusiló a Julio Alfonso Vargas Garayar, exsuboficial de la FAP, por traición a la patria, pues se le acusaba de realizar espionaje a favor de Chile. Vargas Garayar fue fusilado a las 6 de la mañana el 20 de enero de 1979, convirtiéndose así en la última persona a quién se le aplicó la pena de muerte en el Perú.