Disolución del Congreso de la República del Perú en 2019
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La disolución del Congreso de la República del Perú en 2019 fue un acto[1][2][3] dispuesto por el entonces presidente de la República, Martín Vizcarra, el 30 de septiembre de 2019 mediante Decreto Supremo N° 165-2019-PCM,[4] al haber considerado que el Congreso denegó fácticamente una cuestión de confianza planteada a nombre del Consejo de Ministros. Dicha cuestión de confianza fue la tercera en ser presentada por un premier bajo la administración de Vizcarra, la cuarta en el período de gobierno 2016 - 2021 y, de acuerdo con lo expuesto por el Gobierno, la segunda en ser denegada.[5]
Disolución del congreso peruano en el 2019 | ||
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Parte de la crisis política en Perú de 2016-2020 | ||
Juramentación de Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones» posterior al discurso de disolución del Congreso de la República (30 de septiembre de 2019). | ||
Localización | ||
País | Perú | |
Lugar | Lima | |
Datos generales | ||
Tipo |
Crisis de gobernabilidad: Cuestión de confianza formulada por el Poder Ejecutivo para modificar el procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. | |
Suceso | Cuestión de confianza considerada por el gobierno como rechazada | |
Participantes |
Poder Ejecutivo Congreso de la República | |
Histórico | ||
Fecha de inicio |
Decretada: 30 de septiembre de 2019 Efectiva: 30 de septiembre de 2019 (4 años) Ratificada: 14 de enero de 2020 (4 años) | |
Fecha de fin | 14 de enero de 2020 | |
Desenlace | ||
Resultado | Declarado como un acto válido por el Tribunal Constitucional | |
La decisión presidencial se amparó en la disposición contenida en el artículo 134° de la Constitución Política del Perú, según la cual el Presidente puede disolver el Congreso y convocar en el mismo acto a nuevas elecciones parlamentarias si el Congreso ha denegado su confianza a dos Consejos de Ministros. Pese a esta alegación, antes de su validación[1][2][3] , la decisión presidencial generó una gran controversia sobre su estricto apego a la Constitución, en especial por parte de diversas agrupaciones de oposición, quienes desde el Parlamento respondieron declarando la suspensión de la presidencia de Vizcarra y nombrando a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina, la cual, no obstante, renunció a tal encargo al día siguiente, por lo que estas acciones del Congreso quedaron como actos meramente simbólicos.
Los cuestionamientos a la medida por parte del Congreso disuelto se materializaron en una demanda competencial planteada por su Comisión Permanente (órgano que se mantiene en funciones durante el interregno parlamentario),[6] la que tuvo por finalidad que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la legalidad de la disolución parlamentaria.[7] La demanda fue admitida a trámite el 29 de octubre de 2019 y el pronunciamiento final se produjo el 14 de enero de 2020 en que por mayoría (4 votos contra 3) se declaró infundada la demanda y por tanto válido el acto de disolución del Parlamento.[1]
La disolución del Congreso no produjo el quiebre del periodo parlamentario 2016-2021 sino solo un interregno que llegó a su fin cuando se instaló el nuevo Parlamento elegido en las elecciones extraordinarias[8] llevadas a cabo el 26 de enero de 2020.