Empleo público
relación laboral en la que el Estado es el empleador / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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El empleo público es la relación laboral en la que el Estado es el empleador, con un promedio que oscila entre el 10-20% de la población económicamente activa y máximos del 28% del total de la fuerza de trabajo, en Noruega y Suecia, hasta mínimos del 5% en Corea y Japón.[1]
En principio, el empleo público está regulado por normas diferentes de las que encuadran el empleo privado, integradas en el marco del Derecho Administrativo. Tradicionalmente, la negociación colectiva había sido excluida del campo del empleo público, pero más recientemente, varios países la han establecido, en el marco del Convenio N.º 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Fomento de la Negociación Colectiva, de 1981. En algunos países se han establecido también restricciones a ciertos derechos laborales de los empleados o funcionarios públicos, como el derecho de huelga y la sindicalización.
Los empleados o funcionarios públicos en un sentido general, se dividen en cuatro grandes grupos: los funcionarios electos, los funcionarios políticos, los funcionarios jerárquicos de carrera y los empleados sin funciones jerárquicas. Cada uno de esos grupos tiene un régimen legal específico.
Los empleados públicos suelen organizarse en sindicatos propios del sector público, y a nivel internacional existen organizaciones sindicales de alcance mundial, como la Internacional de Servicios Públicos (ISP).[2]
La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:
- Superación del proceso selectivo.
- Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. No podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.
- Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.
- Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
Para acceder a la administración se debe pasar una serie de pruebas constitucionales que respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad (art.23 y 149.1.18 de la CE). Dichas pruebas se clasifican en: