Ley Federal de Vivienda de 1949
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La Ley de Vivienda de 1949 (PL 81-171) fue un hito en los Estados Unidos al suponer una expansión de las competencias federales en seguro hipotecario y emisión de hipotecas así como en la construcción de viviendas públicas. Formaba parte del programa de reforma económica y social del presidente Harry Truman, el Fair Deal.[1]
Las disposiciones principales de esta Ley incluían:
En el discurso sobre el Estado de la Unión en el que dio a conocer el Fair Deal, Truman observó que "Cinco millones de familias siguen viviendo en barrios degradados propicios a incendios. Tres millones de familias comparten sus hogares con otros". También expuso una declaración de política sobre vivienda:
En el Congreso, el proyecto de ley fue promovido por el senador republicano Robert A. Taft.[2] La ley se conoció como la Ley Taft-Ellender-Wagner (TEW) por el nombre de sus promotores, Taft y los demócratas Allen J. Ellender y Robert F. Wagner.
La Ley estipulaba la forma en que los inmensos recursos financieros del gobierno federal se invertirían en el crecimiento de las ciudades estadounidenses después de la guerra. Por ejemplo, en una encuesta de las principales "influencias en la metrópoli estadounidense de la posguerra", el programa de financiación hipotecario de la FHA ocupaba el segundo lugar y los programas de renovación urbana, el cuarto lugar.[3] La ley propició el aumento de viviendas en propiedad así como la construcción de grandes proyectos de vivienda pública que dieron forma a muchas ciudades estadounidenses.
El legado legislativo es mixto, en particular en lo que respecta al éxito de los elementos de renovación urbana y vivienda pública. El gobierno no alcanzó su objetivo de construir 810,000 viviendas públicas nuevas en 1955, proporcionando poca ayuda a las ciudades con escasez de viviendas. De hecho, debido a proyectos como Lincoln Center, un desarrollo cultural de la ciudad de Nueva York que incluyó 4400 apartamentos nuevos con la demolición de 7000, los programas de reurbanización de la Ley destruyeron más viviendas de las que construyeron.[4]
Mientras tanto, los esfuerzos de reurbanización impulsados por la Ley se criticaron por mala planificación, carencias en equidad y justicia social, y a veces, por la corrupción (ver, por ejemplo, Manhattantown). La renovación urbana también fue criticada por discriminar a las minorías, ya que a a veces se destruyeron barrios degradados y fueron reemplazados por viviendas más caras u obras públicas no residenciales que no alojaban a los habitantes iniciales. El eslogan adoptado por los críticos equiparaba "renovación urbana" con la "eliminación de los negros".[5]
El gobierno federal gastó 13.500 millones $ en proyectos de reurbanización urbana y erradicación de barrios degradados entre 1953 y 1986.[6]
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