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Movimiento abolicionista de la prisión
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El movimiento de abolición de la prisión es un movimiento que busca reducir o eliminar las cárceles y el sistema penitenciario y reemplazarlos con sistemas más humanos y eficaces.

Es diferente del reformismo penitenciario, que es el intento de mejorar las condiciones dentro de las cárceles, por ejemplo, mediante la reducción del hacinamiento.[1] Entre los partidarios abolicionistas, muchos tienen la intención de reemplazarla con otros sistemas, disminuyendo el rol de las prisiones en la sociedad. Algunas organizaciones consideran que la mejor forma de justicia surge naturalmente de los contratos sociales y la justicia restaurativa.
Las estadísticas muestran que las tasas de encarcelamiento afectan principalmente a los pobres y las minorías étnicas. Sumado a ello, generalmente no se rehabilita a los delincuentes sino que, en muchos casos, estos terminan en peores condiciones de las que tenían al momento de ingreso.[2]
En octubre de 2015, la sesión plenaria del Gremio Nacional de Abogados (NLG) de los Estados Unidos votó una resolución en favor de la abolición de la prisión.[3]
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Reformas penitenciarias y alternativas
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Las propuestas de reforma penitenciaria y alternativas a la prisión difieren significativamente en función de las creencias políticas detrás de cada una. Las propuestas a menudo incluyen:
- Reformas al sistema penal:
- La sustitución del encarcelamiento por la libertad condicional supervisada, restitución a las víctimas y/o trabajo comunitario.
- La disminución de penas de prisión mediante la abolición de sentencias mínimas obligatorias.
- La disminución de la disparidad étnica en las poblaciones carcelarias.
- Mejoras en las condiciones de las prisiones.
- La prevención de la delincuencia en lugar del castigo.
- Abolición de programas específicos que aumentan la población de las prisiones, tales como la prohibición de las drogas, el control de armas, la prohibición del trabajo sexual y la ley seca.
- Los programas de educación para informar a las personas que nunca han estado en la cárcel acerca de sus problemas.
- La lucha contra los casos de condena injusta.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha publicado una serie de manuales de justicia penal. Entre ellos se encuentra Alternativas a la Reclusión, el cual identifica como el uso excesivo de la prisión impacta en los derechos humanos fundamentales, especialmente en aquellos casos de condenas por delitos menores.[4]
Perspectiva abolicionista
En lugar de las cárceles, algunos abolicionistas proponen tribunales controlados de forma comunitaria, así como consejos o asambleas para controlar el problema social de la delincuencia.[5] Argumentan que con la abolición del capitalismo y la autogestión de la producción por los trabajadores y las comunidades, los delitos contra la propiedad se desvanecerían mayormente. Una gran parte del problema, según algunos, es la forma en que el sistema judicial se ocupa de los presos, personas y capital; habría menos presos si las personas fueran tratadas de manera más justa, independientemente de su sexo, color, etnia, orientación sexual, educación, etc. Esto se ha demostrado con la creación de las prisiones privadas en Estados Unidos y corporaciones como la Correction Corporation of America (CCA), cuyos accionistas se benefician de la expansión de las prisiones y leyes más duras contra el crimen. De tal modo, más presos es visto como más beneficio para los negocios.[6]
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Argumentos para la abolición de la prisión
- La falta de una adecuada representación legal: en muchos lugares el grado y la calidad de acceso a la justicia depende de los recursos financieros de los acusados, ya que, aunque existan abogados de oficio, estos sistemas pueden estar saturados.[7][8]
- Las personas pertenecientes a minorías étnicas y la clase baja son más encarceladas que el resto de personas: por ejemplo, en 2001 en Estados Unidos los afroamericanos representaban el 12,3 por ciento de la población, pero constituían la mitad de los aproximadamente 2 millones entre rejas.[9] Los afroamericanos constituyen el 13% de todos los usuarios de drogas, pero el 35% de los arrestados por posesión de drogas, el 55% de las personas condenadas y el 74% de personas enviadas a prisión.[10]
- El encarcelamiento es social y económicamente perjudicial para el condenado y la comunidad: cada recluso representa un activo económico que ha sido retirado de esa comunidad y se coloca en otro lugar.[11] Además, los individuos que han sido encarcelados suelen tener grandes dificultades para conseguir empleo cuando vuelven a la sociedad. Algunas de estas dificultades están relacionadas con las políticas de las empresas y otras son resultado de la falta de las habilidades necesarias o de confianza. Los criminales también están excluidos del empleo público en algunos lugares.[12]
- Los sistemas penitenciarios violan la Declaración Universal de los Derechos Humanos: esta declaración, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, prescribe el derecho a la vida, la libertad, la igualdad y la justicia para todas las personas, sin discriminación de cualquier tipo como un derecho inalienable. También suprime todas las formas de esclavitud, tortura, represión u opresión, que en algunas cárceles prosperan.
- La cadena perpetua puede resultar una forma de condena que legitima la violencia y la crueldad: esto puede producir un "efecto boomerang de la deshumanización"[13] por parte de las instituciones.
- Las prisiones pueden ser poco eficaces en desalentar el delito y/o la indemnización a las víctimas: la dificultad para conseguir empleo de las personas que han pasado por centros penitenciarios es contraproducente con quienes han sido recluidos por delitos motivados por la necesidad, tales como el robo o hurto menor o la prostitución, pues esta dificultad hace que sea más probable reincidan. Muchos abolicionistas sostienen que se debe "legalizar la supervivencia" y proporcionar ayuda a aquellos que lo necesitan.[14]
- Las cárceles no hacen a la gente menos violenta: existe evidencia de que las cárceles promueven la violencia, pues rodean a personas con delincuentes violentos, pudiendo conducir a una retroalimentación de esta violencia.[14] Muchos delincuentes entran y salen del sistema penitenciario de forma recurrente, por lo que en lugar de educar y rehabilitar al delincuente mediante el tratamiento, las cárceles no se hacen responsables de estos casos.
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Véase también
Referencias
Enlaces externos
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