Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia
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La Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia (SGICSPJ) de España es el órgano directivo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que se encarga, respecto de la Administración de Justicia, de las funciones de impulso, dirección y seguimiento de su desarrollo como servicio público; la ordenación y distribución de sus recursos humanos, materiales y financieros, incluyendo la gestión de las indemnizaciones por razón de servicio, sin perjuicio de las competencias de otras unidades del departamento, y el examen y comprobación de todas las cuentas correspondientes a los créditos que gestiona; las relaciones ordinarias con sus diferentes órganos y la dirección e impulso de los procesos de traspaso de medios materiales y personales en esta materia, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría.[1]
Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia | ||
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Secretaría General de la Administración de Justicia | ||
Logotipo de la Secretaría General | ||
Sede del Ministerio | ||
Localización | ||
País | España España | |
Información general | ||
Sigla | SGICSPJ | |
Jurisdicción | España | |
Tipo | Secretaría General con rango de Subsecretaría | |
Sede |
Calle de San Bernardo, 21 28015 Madrid | |
Organización | ||
Secretario General | Sofía Puente Santiago | |
Depende de | Secretaría de Estado de Justicia | |
Entidad superior | Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | |
Dependencias | Dirección General para el Servicio Público de Justicia | |
Historia | ||
Fundación | 14 de abril de 2008 (16 años) | |
Por otro lado, le corresponde la identificación y búsqueda, el mantenimiento y gestión, así como el intercambio de información de efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas, así como su puesta a disposición judicial, de conformidad con la normativa vigente.[1]
Asimismo, es responsable, a través del correspondiente órgano directivo, las relaciones con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el Centro de Estudios Jurídicos, los profesionales de la Justicia y con las comunidades autónomas, la gestión de los medios personales y materiales y recursos económicos de la Administración de Justicia, el impulso y la gestión de los expedientes de contratación en el ámbito de competencias de la misma y el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de programación de la Carrera Fiscal y del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, asistencia jurídica gratuita, gestión de los expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, demarcación y planta judicial, acceso a profesiones jurídicas, organización y coordinación territorial y la dirección y coordinación de las Gerencias Territoriales.[1]
Por último, le corresponden la dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas a estado civil y nacionalidad, el Registro Civil, la fe pública notarial, los derechos registrales, el Registro General de Actos de Última Voluntad, el Registro de Fundaciones, el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación y el Registro Central de Titularidades Reales, así como las relaciones con el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España.[1]