Secretaría de Estado de Seguridad
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La Secretaría de Estado de Seguridad (SES) de España es el órgano superior del Ministerio del Interior que tiene como funciones la promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente en relación con la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones y la libertad de residencia y circulación; el ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la coordinación y supervisión de los servicios y misiones que les corresponden; las competencias relativa a la seguridad privada; la dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con EUROPOL, INTERPOL, SIRENE, los Sistemas de Información de Schengen y los Centros de Cooperación Policial y Aduanera.[1]
Secretaría de Estado de Seguridad | ||||
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Dirección de la Seguridad del Estado | ||||
Logotipo de la Secretaría de Estado | ||||
Sede central del Ministerio y de la Secretaría de Estado | ||||
Información general | ||||
Sigla | SES | |||
Jurisdicción | España España | |||
Tipo | Secretaría de Estado | |||
Sede |
Calle Amador de los Ríos, 2 Madrid | |||
Organización | ||||
Secretario de Estado | Rafael Pérez Ruiz | |||
Depende de | Ministerio del Interior | |||
Presupuesto | 8 021,77 millones de € (2023) | |||
Historia | ||||
Fundación | 10 de mayo de 1979 (44 años) | |||
Sucesión | ||||
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Sitio web oficial | ||||
También asume la representación del Departamento cuando así se lo encomiende el ministro; la dirección, impulso y coordinación de las actuaciones del Departamento en materia de crimen organizado, terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico y delitos conexos; la planificación y coordinación de las políticas de infraestructuras y material en el ámbito de la seguridad, así como la aprobación de sus planes y programas; y la dirección y coordinación de las relaciones del Departamento con el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas y tratos inhumanos o degradantes.[1]
Finalmente, posee competencias sobre la Administración Penitenciaria, la protección y garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación, coordina ejercicio de las competencias de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en materia de seguridad ciudadana; dirige y coordina las actuaciones relacionadas con los precursores de drogas, los precursores de explosivos y el tratamiento de los datos del Sistema de Registro de Pasajeros (PNR), así como de las políticas de ciberseguridad, dirige el Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y garantiza la autonomía y la coordinación respecto a las operaciones con efectos transaccionales que puedan dirigir cualquiera de las FFCCSE.[1]