Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico

La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) fue un proyecto de ley orgánica que fue redactado como consecuencia de los Pactos Autonómicos que fue objeto de varios recursos previos de inconstitucionalidad, referentes principalmente al carácter orgánico y armonizador del proyecto. El Tribunal Constitucional declaró en la STC 76/1983 que el proyecto no podía tener la forma normativa de ley orgánica, junto con la declaración de inconstitucionalidad de gran parte de su articulado; por lo que, tras las modificaciones correspondientes, entraría en vigor bajo el nombre de Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico.

Historia

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Comunidades autónomas de España

Véase también: Construcción del Estado de las autonomías

Tras el fracasado golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo (de UCD) encontró el apoyo del PSOE en la «cuestión autonómica» con el que firmó el 31 de julio un «pacto autonómico» que pretendía «reordenar» todo el proceso, cerrando la vía «rápida» del artículo 151 de la Constitución de 1978 a las regiones que no fueran las cuatro que ya lo habían conseguido (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía). A cambio, se generalizarían los estatutos de autonomía a todas ellas —configurando el llamado «Estado de las Autonomías»— y se igualarían en el nivel institucional: todas las comunidades contarían con un parlamento y un Tribunal Superior de Justicia propios. Asimismo, se acordó que todas las comunidades autónomas irían adquiriendo progresivamente unos niveles de competencias similares a los del artículo 151. El acuerdo UCD-PSOE se plasmó en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) que fue aprobada en 1982 por 233 votos a favor (los de UCD y el PSOE, junto con los de Coalición Democrática, que englobaba Alianza Popular. Así cuando Calvo Sotelo disolvió las Cortes el 27 de agosto de 1982 para convocar nuevas elecciones solo quedaban por aprobar los estatutos de Baleares, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Ceuta y Melilla.^[1][2]

Los nacionalistas catalanes y vascos y otros sectores acusaron al gobierno de que el «parón» autonómico pretendía contentar a los militares que habrían impuesto así una especie de «democracia vigilada», pero Calvo Sotelo siempre negó esta acusación.^[3] En su libro Memoria viva de la Transición (publicado en 1990) afirmó que «una vez más vuelvo al discurso de investidura, donde quedó dicho mi propósito sobre esta grave cuestión, y vuelvo también a recordar que aquel discurso fue pronunciado el 18 de febrero de 1981 y es, en consecuencia, anterior al 23-F. No está de más este recuerdo, porque se sigue diciendo con ligereza que la política autonómica de mi Gobierno fue una cesión a los golpistas o, al menos, un corolario del golpe militar. Y eso no es exacto». Al respecto, Calvo Sotelo recoge unas palabras del líder socialista Felipe González en el Congreso de los Diputados el 22 de julio de 1982 en las que afirmaba que «se ha dicho que la causa inmediata de la puesta en marcha de una dinámica de Pactos Autonómicos y su derivación normativa, como es el caso de la LOAPA, está en el 23-F. No se puede decir eso al Grupo Parlamentario y al Partido que representa, y no creo que sea legítimo decírselo a nadie».

El Gobierno Vasco, la Generalidad de Cataluña, CiU y el Partido Nacionalista Vasco recurrieron la LOAPA al Tribunal Constitucional por considerar que los Estatutos, normas integrantes del bloque de constitucionalidad, no podían estar limitados por una ley estatal. Dos años después, el 5 de agosto de 1983, el Tribunal declaró inconstitucional el Título I de la ley porque las Cortes no tenían la potestad de interpretar la Constitución (negó el carácter «armonizador» de la ley).^[4] El Tribunal Constitucional en su sentencia estableció que las comunidades autónomas «pueden ser desiguales en lo que respecta al procedimiento de acceso a la autonomía y a la determinación concreta del contenido autonómico, es decir, de su estatuto y, por tanto, en cuanto a su complejo competencial».^[2] El resto del articulado de la LOAPA fue declarado constitucional, por lo que se dio validez al proceso por el que se había «cerrado» el proceso autonómico.^[1] Con la parte que se salvó (24 artículos de 38) se aprobó la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, desprovista de carácter armonizador ni orgánico.

Interpretación

En un ensayo reciente (2025) Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca han considerado a la LOAPA como la primera revisión de las decisiones y diseños fundamentales establecidos durante la Transición (fue su primer «epílogo»). Consistió en el intento de eliminar la «asimetría» en la organización territorial establecida en la Constitución de 1978 que distinguía entre «nacionalidades» y «regiones», asimetría con la que se quería satisfacer las aspiraciones de autogobierno de las «nacionalidades históricas» (Cataluña, País Vasco y Galicia). Según Fishman y Sánchez-Cuenca la LOAPA constituyó «el intento de frenar la posibilidad de construir un sistema asimétrico de autonomías que ofreciera sustancialmente más autogobierno a las nacionalidades históricas que al resto de las CC AA», y también respondió a «la aspiración de fortalecer el poder central, reservándose las competencias que no fueran traspasadas de forma explícita».^[5]

«La LOAPA marcó el final de una época en la que la dinámica política en torno a temas territoriales fue expansiva y transformadora, pasando a otra fase en la que la intención fue rebajar significativamente la magnitud del cambio puesto en marcha en la Transición. La nueva legislación representó un cambio de tendencia importante, que chocaba con la perspectiva de los sectores más interesados en una profundización de las nuevas estructuras autonómicas o en dar expresión institucional a los sentimientos nacionales específicos de lo que la Constitución denominaba nacionalidades», consluyen Fishman y Sánchez-Cuenca.^[6]