Dictadura de Francisco Franco
período de la historia de España comprendido entre 1939 y 1975 durante la dictadura de Francisco Franco De Wikipedia, la enciclopedia libre
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La dictadura de Francisco Franco (también conocida como dictadura franquista, España franquista, régimen franquista o franquismo)[10] fue el período de la historia contemporánea de España correspondiente con el ejercicio por el general Francisco Franco Bahamonde de la jefatura del Estado desde el fin de la guerra civil española en 1939 hasta su muerte en 1975, así como de sus sucesores en el gobierno de la nación hasta su desmantelamiento en 1978 con la aprobación de la Constitución en referéndum.[nota 3] Su amplia dimensión temporal y la total identificación de Franco con el régimen mismo[11] hace que a menudo también se utilice para designarlo la expresión era de Franco.[12]
Acabada la guerra, el general instauró una dictadura fascistizada,[13] o régimen semifascista,[14] que incorporó una influencia clara de los totalitarismos alemán e italiano en campos como las relaciones laborales, la política económica autárquica, la estética, el uso de los símbolos[15] o el unipartidismo.[16] En sus últimos estertores, el régimen transitó más próximo a las dictaduras desarrollistas,[17] aunque siempre conservó rasgos fascistas vestigiales,[14] caracterizado por la ausencia de una ideología claramente definida más allá de su proclamado nacionalcatolicismo.
En los años 1940 la dictadura militar se afianzó mediante la represión política y económica de los opositores. Unas 485 000 personas habían huido al exilio.[18] Algunos autores afirman que entre 9000 y 15 000 fueron los exiliados españoles que terminaron en campos de concentración nazis, de los que sobrevivieron la mitad.[19][20] Otros acabaron en los campos de concentración franquistas —estudios informan de al menos 367 000 prisioneros y entre 150 y 188 campos—.[19] Hacia noviembre de 1940 había 280 000 hombres y mujeres detenidos en las prisiones del Estado.[21][22] Parte de la historiografía estima que entre 23 000 y 46 000 personas fueron ejecutadas en la posguerra;[23] otra, alrededor de 50 000.[21]
Se mantuvo una política económica basada en la autarquía. Esta fue provocada por la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, durante la cual la dictadura franquista, pese a adoptar una política oficial de no beligerancia,[24] tuvo una participación favorable a la Alemania nazi para la derrota de la Unión Soviética, que se concretó mediante el envío de la División Azul, una unidad de voluntarios que sirvió integrado en el Ejército alemán en el frente oriental durante dos años. Esta colaboración con las potencias del Eje condujo al aislamiento internacional tras la derrota de las mismas en 1945, promovido por los aliados en el seno de la recién creada Organización de las Naciones Unidas.
En los años 50, en el marco de la Guerra Fría, la posición geográfica de España y su dictadura militar se acabaron convirtiendo en estratégicos para los Estados Unidos y sus aliados europeos frente a la Unión Soviética. La alianza de España con los Estados Unidos puso fin al aislamiento internacional del régimen y favoreció una paulatina apertura de la economía nacional, que seguía a unos niveles de desarrollo inferiores a los del resto de economías de Europa occidental, que en la guerra mundial habían sufrido desastres similares al de la guerra civil española.
En los años sesenta y principios de los setenta, el desarrollismo económico mejoró de forma notable, aunque desigual, el nivel de vida de la mayoría de la población, que formó una clase media hasta entonces casi inexistente. El nivel de libertad personal y política no aumentó del mismo modo. Empezaron las movilizaciones de oposición a la dictadura por parte de trabajadores y estudiantes.
Juan Carlos de Borbón fue el sucesor designado por Franco para la jefatura del Estado, a título de príncipe de España, y a la muerte de este, en su proclamación como rey, juró acatar los principios del Movimiento Nacional destinados a perpetuar el régimen franquista. Sin embargo, no lo hizo, aunque se basó en el entramado institucional franquista para promover la Ley para la Reforma Política, ratificada en referéndum. Su resultado, 94 % a favor de la reforma, inició la transición a la democracia en 1976.
El principal rasgo definitorio del régimen franquista fue que una única persona, el Generalísimo Franco —de ahí el nombre con el que se conoce—, acumuló en sus manos unos poderes omnímodos[25] como ningún otro gobernante había gozado jamás en la historia de España.[26] La Ley de Reorganización de la Administración Central del Estado, promulgada por el propio Franco solo cuatro meses después del final de la guerra civil española, así lo confirmó al atribuir al Caudillo, «invicto y providencial», todos los poderes ejecutivos y legislativos:[16][27]
Artículo 7. Correspondiendo al Jefe del Estado la suprema potestad de dictar normas de carácter general, conforme al artículo 17.º de la Ley de 30 de enero de 1938, y radicando en él de modo permanente las funciones de gobierno, sus disposiciones y resoluciones, adopten la forma de Leyes o Decretos, podrán dictarse, aunque no vayan precedidas de la deliberación del Consejo de Ministros, cuando razones de urgencia así lo aconsejen, si bien el Jefe del Estado dará después conocimiento a aquél de tales disposiciones o resoluciones.
Como ha señalado Stanley G. Payne, «Franco siempre consideró su propio mandato como «vitalicio». En uno de sus momentos más bajos, declaró enfáticamente a un destacado general en una conversación privada: «Yo no haré la tontería de Primo de Rivera. Yo no dimito, de aquí al cementerio». Franco creía que su victoria absoluta en la guerra civil le había dado un cierto derecho de conquista, de modo que podía aspirar a un mandato histórico, incluso divino, para conservar su posición de Caudillo mientras se lo permitiesen sus condiciones físicas».[28] A Franco «le preocupaban menos las cuestiones ideológicas que a otros dictadores, lo que le permitió ir adoptando diferentes programas económicos y modalidades de discurso político. Aunque a nivel conceptual estaba muy próximo a la extrema derecha, y su sentido pragmático de la realidad es en gran parte un invento de los apologistas del franquismo, esto no le impidió ejercer cierta habilidad para adaptarse a las nuevas situaciones marcadas por la política internacional».[29]
En principio, la legitimidad del poder del general Franco provenía de su designación por parte de los generales que habían encabezado la sublevación militar contra la República como «Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire» y como «jefe del Gobierno del Estado español» al que se conferían «todos los poderes del Nuevo Estado». De esa manera, Franco personificaba la autoridad del Ejército, «símbolo efectivo de la unidad nacional», como se afirmaba en uno de los decretos que promulgó.[30]
Pero enseguida el general demostró su intención de superar esa categoría de mero dictador militar para asumir otras fuentes de legitimación de su poder y, en efecto, muy pronto demostró su voluntad de emular a los dictadores fascistas al proponerse a sí mismo como el Caudillo de una España «Una, grande y libre». Y al mismo tiempo se fue forjando la tercera fuente de legitimidad: la de ser una persona enviada por la Providencia Divina para la «redención» y «salvación» de la «nación» y de su religión, el catolicismo. El caudillaje como principio de autoridad se basaría, pues, en el carisma excepcional de un dirigente ejemplar por sus dotes y capacidades demostradas en una coyuntura específica: la guerra civil española.[31]
Así, cuando esta terminó el 1 de abril de 1939, la legitimidad de su poder quedó plenamente confirmada, por lo que desde entonces la victoria en la guerra se convertiría en la fuente última y suprema de su autoridad indiscutida y de su derecho a ejercer el poder de modo vitalicio. Franco era la persona que había «salvado» a España de su «destrucción», por lo que tenía «derecho» a regir con plenos poderes sus «destinos» durante el resto de su vida. La inscripción «Francisco Franco, Caudillo de España, por la gracia de Dios» se imprimió en las monedas que portaban su efigie.[32] Por otro lado, el «mito de la Cruzada», la negación de la existencia de una guerra civil iniciada por una insurrección militar —la contienda de 1936-1939 había sido una «Cruzada de Liberación» desencadenada por un Alzamiento Nacional—, se convirtió «en uno de los nexos de identidad de las familias franquistas».[33]
La dictadura franquista se apoyó en tres «pilares»: el Ejército, la Iglesia y el partido único[16] Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Como el mismo Franco reconoció en privado, «la Falange, el Ejército y la Iglesia» son las tres «fuerzas» que constituyen «la base del Movimiento Nacional».[16]
Los militares, al menos durante el primer franquismo, ocuparon cerca del 40 % de los altos cargos de la administración y de las empresas estatales, y siempre habrá entre cuatro y siete ministros militares.[34] Además, el Ejército siempre actuó como el garante último de la continuidad del franquismo y durante mucho tiempo fue el instrumento principal en la represión de cualquier movimiento u organización de oposición a la dictadura franquista.[16][35] La Iglesia católica proporcionó la justificación ideológica, militante y beligerante del franquismo.[16] El partido único FET y de las JONS fue «el instrumento clave para organizar a los partidarios del régimen, suministrar fieles servidores administrativos y encuadrar y controlar a la sociedad civil a través de sus órganos dependientes (Organización Sindical, Sección Femenina, Frente de Juventudes)».[16][34]
El franquismo no se dotó del equivalente a una constitución de los regímenes liberales o democráticos porque Franco siempre se mostró reacio a promulgar leyes que pudieran obligarle a él mismo, ya que lo que más le importó durante su larga dictadura fue conservar intacto todo su inmenso poder del que solo era responsable «ante Dios y ante la historia» —y ante nadie más—.[36] Así, bajo el franquismo la fuente de autoridad fue el propio Franco, no las instituciones, y el Caudillo solo fue promulgando las llamadas «leyes fundamentales» de su régimen cuando lo creyó necesario para afianzarlo. «La estructura definitiva del sistema de Franco se creó, en consecuencia, lentamente, en el periodo comprendido entre los años 1942 y 1947. […] En 1943 se constituyeron unas Cortes totalmente controladas, basadas en el corporativismo siguiendo la tendencia filosófico política dominante en la España de la preguerra. La desconfianza hacia los partidos políticos como instrumento de representación fue característica de personajes tan diferentes como el dictador Primo de Rivera, que organizó la actividad política en una Asamblea Nacional Consultiva sin ellos o Fernando de los Ríos, diputado del PSOE y uno de sus pensadores de cabecera, que acuñó el término «democracia orgánica» para el sistema del partido que confiaría la representación a organizaciones naturales, como los sindicatos. De hecho, Franco adoptó esta etiqueta para definir su régimen. En 1945 se promulgó una ley que definía los derechos de los ciudadanos llamado Fuero de los Españoles, una de las ocho leyes fundamentales de su estado, y finalmente, en 1947, se instituyó una monarquía de carácter meramente nominal».[37]
Desde el punto de vista institucional, el órgano más importante fue el Gobierno, pues este se constituyó en el «lugar» de representación de las «familias» que integraban la coalición derechista franquista —falangistas, carlistas, monárquicos y católicos—, sin olvidar la presencia de los mandos militares, como corresponde al origen del régimen. El propio Franco lo reconoció en privado: «los gobiernos deben tener una representación de las fuerzas que han contribuido a la victoria».[16] Como ha señalado el historiador Enrique Moradiellos, «la habitual reunión de los viernes del Consejo de Ministros habría de ser el decisivo foro de encuentro y debate franco y reservado entre las fuerzas de la coalición franquista; el mismo foro que en un régimen liberal y democrático desempeña el Parlamento o los órganos de la prensa libre». Y además «Franco tuvo la gran habilidad de ejercer un continuo arbitraje moderador entre todas ellas,... contraponiendo a unas «familias» contra otras para evitar el excesivo crecimiento de una única opción que pudiera hacer sombra a su poder personal y a su condición arbitral».[16]
La ideología —o mentalidad— franquista se basaba en cinco sencillas y genéricas «ideas motrices» «que recogían el universo doctrinal compartido por todas las instituciones y «familias» de la derecha española por igual y sin conflicto»:[38]
Así, por ejemplo, en el libro de texto de 1939 Catecismo patriótico español, del obispo Menéndez-Reigada,[39] se decía que «los enemigos de España son siete: el liberalismo, la democracia, el judaísmo, la masonería, el capitalismo, el marxismo y el separatismo».[40]
El historiador Javier Tusell señala en su obra Historia de España en el siglo XX (1999) en relación con la ideología del régimen:[41]
Si la voluntad fascistizadora, sin duda, existía, cabe preguntarse, sin embargo, por qué no sólo no triunfó, sino por qué estuvo siempre muy lejos de conseguirlo. Por supuesto, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la dinámica política, es decir, en la propia evolución de los acontecimientos en los que, como hemos visto, se entrelazó estrechamente la política interna con la situación internacional. En suma, la fascistización del régimen sólo hubiera sido posible en el caso de que la España de Franco hubiera decidido intervenir en la guerra mundial al lado del Eje; eso hubiera traído, con toda probabilidad, una modificación paralela de sus estructuras políticas definitiva e irreversible.
El historiador estadounidense Stanley G. Payne en su libro El fascismo (1982) califica al franquismo de 1939 a 1945 de «semifascista» y a partir de la segunda fecha en adelante de «autoritario burocrático»:[42]
Es innegable que el franquismo inicialmente contenía un importante componente de fascismo; pero estaba tan limitado en el marco de una estructura derechista, pretoriana, católica y semipluralista que probablemente sería más exacto aplicarle la categoría de «semifascista». (...) A finales de 1945, España había avanzado bastante en el proceso de transición de un Estado semifascista y parcialmente movilizado a un régimen «autoritario burocrático», corporativista y no movilizado.Stanley G. Payne, El fascismo (1982)[42]
Dentro de una completa subordinación al «Caudillo», hubo diferentes «familias» o grupos —nunca partidos— con diversa sensibilidad política. Cada una trató de influir en las decisiones del dictador, y la habilidad de éste consistió en confiarles parcelas de poder convenientemente medidas, apoyarse sucesivamente en una «familia» u otra según conviniera en cada momento, desplazando del primer plano (sin dejar de contar con ellas) a las que se hacían incómodas por alguna razón interna o externa y garantizarse de esa manera su presencia indiscutida en el poder. Cuando estalló algún escándalo que podía atribuirse de algún modo a los recelos entre las familias (como el caso MATESA), Franco optaba por soluciones expeditivas y salomónicas («castigar» a ambas partes, de forma paternalista). Eran habituales las expresiones de Franco en que despreciaba la actividad política (propia de «politicastros»), e incluso ninguneaba a sus propios ministros, haciéndose célebre su consejo: «haga como yo, no se meta en política».[43]
Los «camisas viejas» de la Falange original de José Antonio Primo de Rivera muy pronto empezaron a recelar de los «camisas nuevas» incorporados, sobre todo, en la Guerra Civil, especialmente cuando el Decreto de Unificación suprimió todos los partidos reuniendo a los que apoyaron el Alzamiento Nacional en el partido único FET y de las JONS (Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), al servicio del liderazgo absoluto de Franco.[44] El partido único aspiraba a controlar la vida social y económica a través del resto de las instituciones del Movimiento: Frente de Juventudes, Sección Femenina, Sindicato Vertical, Auxilio Social, etc.
Dentro del gobierno los falangistas desempeñaron las carteras sociales, como el Ministerio de Trabajo, el de Vivienda y el de Agricultura, además del ministro-secretario general del Movimiento (miembro nato del gobierno, aunque sujeto también a la designación por parte del Caudillo). En el primer franquismo alcanzaron un 37,9 % de los ministerios y un 30,3 % de los altos cargos de la administración. Un ejemplo notable fue José Antonio Girón de Velasco, el ministro más joven (30 años) y uno de los que duró más en el gobierno (1941-1957). Otro nombre destacable fue José Luis Arrese.[45] También hubo «aperturistas» procedentes de la «familia azul», como quien finalmente llevó a cabo la transición democrática, Adolfo Suárez. Esa «pluralidad» se podía observar en las publicaciones afines: el diario El Alcázar (que, tras distintas orientaciones, desde 1968 expresó las opiniones de lo que se denominó el «búnker» —sector que aglutinaba a la derecha más extrema), el oficialista Diario Arriba y Diario Pueblo, cercano a los sindicatos verticales y dirigido por Emilio Romero.
Desde el comienzo del franquismo, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas demostró mucha actividad, dirigida por los obispos y especialmente por la figura de Ángel Herrera Oria, que controlaba también la prensa católica (Diario Ya). Esta «familia» tenía una especial relación con el exterior, por su vinculación con la Santa Sede y las democracias cristianas europeas. Controlaban el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Educación. Un buen ejemplo fue Joaquín Ruiz-Giménez. La ACNdP también controló el sistema de represión franquista durante el final de la guerra y la posguerra en España: los dos primeros ministros de Justicia (Tomás Domínguez y Esteban Bilbao) y el primer director general de prisiones de la dictadura (Máximo Cuervo) fueron propagandistas.[46]
A partir de 1957 accedieron al gobierno los ministros económicos (denominados «tecnócratas») procedentes del Opus Dei (congregación religiosa fundada por José María Escrivá de Balaguer), y protegidos por Luis Carrero Blanco: Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres, responsables del Plan de Estabilización de 1959 y el desarrollismo posterior. Y al frente de todos ellos Laureano López Rodó.
La renovación de la Iglesia católica en el Concilio Vaticano II propició un distanciamiento con el régimen franquista de una parte de la jerarquía eclesiástica, dirigida por el cardenal Vicente Enrique y Tarancón. Llegó a ser muy evidente en el caso Añoveros.
Los tradicionalistas o carlistas perdieron gran parte de su relevancia política en cuanto acabó la guerra. No obstante, mantuvieron ciertas cotas de poder. El área que se les confiaba era el Ministerio de Justicia y la presidencia de las Cortes. Ejemplo de ello fueron Esteban de Bilbao Eguía y Antonio Iturmendi Bañales, ambos ministros de justicia y presidentes de las Cortes Españolas.
Su órgano de expresión era el periódico ABC, de la familia Luca de Tena. Sus relaciones con el régimen pasaron por acercamientos y distanciamientos (llegando a algún tipo de represión, como el secuestro de una edición de ABC en 1966 o el destierro de los que acudieron al llamado Contubernio de Múnich en 1962), al igual que la relación ambigua que mantuvieron el general Franco y el pretendiente a la Corona, Juan de Borbón, que se mantuvo exiliado en Estoril, desde donde mantenía un consejo privado en el que se incluían personajes destacados de la dictadura, como José María Pemán o Pedro Sainz Rodríguez.[47]
España se definió en las Leyes Fundamentales como un reino, pero Franco se negó a ceder la jefatura del Estado o designar sucesor como preveía la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (votada en referéndum en 1947, en un acto de legitimación de masas del franquismo), y mucho menos a un personaje en quien no confiaba, el conde de Barcelona (título medieval de soberanía, vinculado a la corona de España que usaba Juan de Borbón), a pesar de ser el heredero del rey anterior (Alfonso XIII).
Mientras tanto, su hijo Juan Carlos estaba siendo educado en España separado de su padre. Finalmente quien obtuvo la designación fue Juan Carlos, en 1969 y tras una prolongada espera, no sin signos inquietantes de que podía optarse por cualquier otro «príncipe de sangre real» (como Alfonso de Borbón Dampierre, primo de Juan Carlos, que contrajo matrimonio con Carmen Martínez-Bordiú Franco, nieta del dictador, y que reclamó simultáneamente sus derechos legítimos sobre el trono de Francia). En la enfermedad final de Franco, Juan Carlos, titulado príncipe de España, llegó a ocupar interinamente la jefatura del Estado en 1974, que le fue retirada como consecuencia de una transitoria mejoría del «Caudillo». En este contexto, se refirió al dictador como «figura decisiva históricamente y políticamente para España» o que «para mi es un ejemplo, día a día por su desempeño patriótico al servicio de España, y además tengo un afecto y admiración muy grande para él».[48]
Además, Juan Carlos hubo de jurar lealtad a los principios del Movimiento Nacional tanto en su designación como príncipe en 1969 como en su proclamación real tras la muerte de Franco en noviembre de 1975 mientras que en su primer discurso navideño habló de su «tristeza» ante la pérdida del «Generalísimo» y su «respeto y admiración» hacia él.[49]
La cuestión de si el franquismo fue un régimen fascista ha sido el núcleo central del largo, intenso e inacabado debate historiográfico sobre la naturaleza del franquismo.[50] Este debate, en el que no sólo han intervenido historiadores sino también politólogos, sociólogos y juristas (e incluso protagonistas de los hechos),[50] ha girado en torno a dos posturas fundamentales: la que defienden los que consideran que el franquismo fue un régimen fascista y la de los que siguiendo la propuesta del politólogo Juan José Linz, formulada en 1964, lo consideran un régimen autoritario, pero no fascista. Las dos posiciones han ido acercándose a lo largo de los años ya que los defensores de la tesis del régimen autoritario han reconocido la existencia de una fase inicial «semifascista» en el franquismo (como Stanley G. Payne o Javier Tusell)[51], e incluso el propio Linz ha caracterizado ya al franquismo como un régimen autoritario «con componente fascista»,[52] y los que definen el régimen franquista como fascista, han añadido algún tipo de matiz para diferenciarlo del «fascismo clásico».[53]
Sin embargo, como no se llegaba a alcanzar un consenso sobre el tema el historiador Ismael Saz propuso en 1993 considerar al franquismo como un «régimen fascistizado», alternativa que fue aceptada por algunos historiadores y que cuando menos introdujo en el debate el concepto de fascistización. Con su propuesta de «dictadura fascistizada» Saz consideraba que se captaba la «especificidad» del franquismo: «los elementos que le asemejan al fascismo lo diferencian nítidamente de las simples dictaduras de derechas o regímenes autoritarios; los que los distancian de aquél impiden su consideración como dictadura fascista. En la combinación de ambas facetas está la esencia del régimen franquista».[54] En el cuadro siguiente se exponen las diferencias y coincidencias entre el franquismo y el fascismo según Saz:
Coincidencias y diferencias entre el franquismo y los regímenes fascistas, según Ismael Saz. | |||||
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Coincidencias | Diferencias | ||||
La dictadura franquista se basaba en la misma alianza antidemocrática y contrarrevolucionaria que la italiana o alemana, era tan represiva ―y en cierto sentido incluso más― que aquellas; | La correlación de fuerzas en el seno de la alianza contrarrevolucionaria no fue nunca favorable al sector fascista; su política represiva y aniquiladora de la oposición obrera y democrática sólo fue parcialmente acompañada de un esfuerzo de removilización o articulación de un consenso activo; hubo algo de política de plaza pero bastante más de cárcel, iglesia y cuartel; | ||||
Se estructuraba sobre la base de un partido único y en el principio del caudillaje; | El partido único fue realmente un partido unificado desde arriba y desde fuera; el caudillo no era la expresión, plasmación o concreción, de alguna forma de supuesta voluntad popular, sino en todo caso de la voluntad divina —por la gracia de Dios— y militar; | ||||
Tenía la misma concepción centralizada y uniformadora del Estado; copió buena parte de las instituciones esenciales del régimen fascista italiano; | El Estado franquista era menos intervencionista y más respetuoso de la sociedad civil que el fascista, pero estaba también mejor estructurado, carecía, es decir, de las connotaciones anárquicas y darwinistas, propias, en mayor o menor grado, de los regímenes fascistas; | ||||
Adoptó algo parecido a una ideología oficial; | La ideología oficial podía ser o no una ideología pero desde luego no era una ideología fascista; | ||||
Instauró unas estructuras pretendidamente supraclasistas o corporativas y se refugió en la autarquía económica; | Nadie creyó nunca al sindicalismo del Sindicato Vertical, y la autarquía más que obedecer a la lógica interna de los regímenes fascistas... conectaba perfectamente con las tendencias autárquicas, defensivas, de un capitalismo que más que en expansión hacia fuera buscaba protección frente al exterior; | ||||
Anunció, como las dictaduras fascistas, su propósito de durar. | Quiso durar con mucho de la retórica e instrumentos del modelo fascista mientras existiese el dictador, para dejar paso después a una monarquía más o menos tradicional pero que, desde luego, poco tendría que ver ya con el fascismo. | ||||
El primer franquismo (1939-1959) fue la primera gran etapa de la historia de la dictadura del general Franco comprendida entre el final de la guerra civil española y el abandono de la política autárquica con la aplicación del Plan de Estabilización de 1959, que dio paso al franquismo desarrollista o segundo franquismo que duró hasta la muerte del Generalísimo. Se suele dividir en tres subetapas: la primera de 1939 a 1945 que se corresponde con la Segunda Guerra Mundial y durante la cual el régimen franquista experimentó un proceso de fascistización ya iniciado durante la guerra civil para asemejarse a la Alemania nazi y, sobre todo, a la Italia fascista y que se vio abortado por la derrota de las potencias del Eje; la segunda subetapa, de 1945 a 1950, constituyó el período más crítico de la historia de la dictadura franquista a causa del aislamiento internacional al que fue sometido y a la ofensiva de la oposición, pero los cambios «cosméticos» que introdujo y sobre todo el estallido de la Guerra Fría acabó reintegrándolo al bloque occidental anticomunista; la tercera etapa, de 1951 a 1959, ha sido llamada también el decenio bisagra[55] por constituir una época intermedia entre el estancamiento de los «autárquicos» años 1940 y la «desarrollista» de los años 1960, y que también ha sido caracterizada como la época del «esplendor del nacional-catolicismo».
Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939, el general Franco se vio obligado a proclamar «la más estricta neutralidad» de España debido a las precarias condiciones económicas por las que atravesaba el país tras una guerra civil que hacía solo cinco meses que había terminado.[56] Pero las victorias alemanas sobre Holanda, Bélgica y Francia en junio de 1940 y la entrada en la guerra de Italia del lado de Alemania —el día 10—, dieron un vuelco a la situación. Y así el 13 de junio de 1940, cuando los alemanes estaban a punto de entrar en París, el general Franco abandonaba la «estricta neutralidad» y se declaraba «no beligerante», que era el estatuto que había adoptado Italia antes de entrar en la guerra. Al día siguiente las tropas españolas ocupaban Tánger, ciudad internacional que quedó incorporada de hecho al Protectorado español de Marruecos.[57]
El 23 de octubre de 1940 Franco y Hitler mantuvieron una entrevista en Hendaya para intentar resolver los desacuerdos sobre las condiciones españolas para su entrada en la guerra del lado de las potencias del Eje. Un primer resultado del encuentro fue la firma de un protocolo secreto en el que Franco se comprometía a entrar en la guerra en una fecha que él mismo determinaría y en el que Hitler garantizaba solo vagamente que España recibiría «territorios en África».[58][59] Otro resultado fue que, cuando Hitler inició la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, el general Franco decidió enviar un contingente de soldados y oficiales voluntarios (unos 47 000 soldados en total, incluidos los diferentes relevos), que sería conocido con el nombre de «División Azul» (por el color del uniforme falangista).[60][61]
Al compás de los éxitos militares del Eje el régimen franquista aceleró su proceso de fascistización, es decir, de adopción del ideario fascista y de sus formas específicas de organización política y social, siguiendo sobre todo el modelo de la Italia fascista, que había comenzado en la zona sublevada en plena guerra civil.[62] La inspiración y dirección del proceso corrió a cargo del cuñadísimo Ramón Serrano Suñer. Así se puso en marcha el encuadramiento y la movilización social a través de tres organizaciones sectoriales del «partido único» FET y de las JONS (el Frente de Juventudes, el Sindicato Español Universitario (SEU) y la Sección Femenina, cuya finalidad era «formar a la mujer con sentido cristiano y nacionalsindicalista») y un extenso entramado «nacionalsindicalista», llamado Organización Sindical Española (OSE), en el que estaban obligados a afiliarse todos los «productores» (empresarios y trabajadores).[63]
El 17 de julio de 1942, el general Franco promulgaba su segunda «ley fundamental», la Ley Constitutiva de las Cortes, como «órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado» y ámbito para «el contraste de pareceres, dentro de la unidad del régimen», pero que no tenían ninguna capacidad legislativa, sino meramente «consultiva».[64]
Sin embargo, el proceso de fascistización provocó serios temores entre los otros dos pilares del franquismo, la Iglesia católica y el Ejército.[65] Las tensiones con el «partido único» acabarían estallando en agosto de 1942 con el atentado de Begoña que provocó una grave crisis política que el general Franco resolvió destituyendo al «cuñadísimo» Serrano Suñer que fue sustituido por el general monárquico Francisco Gómez-Jordana que volvía a hacerse cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores.[66][67]
En noviembre de 1942 tropas británicas y estadounidenses desembarcaban en el norte de África para desalojar de allí al Afrika Korps de Rommel y a las tropas italianas. Para Franco era el fin de sus sueños imperiales y un posible riesgo de invasión por parte de los aliados dado su alineamiento con Alemania e Italia.[60][68] Pero no fue hasta después de la caída de Mussolini en julio de 1943 tras el desembarco aliado en Sicilia, cuando el general Franco volvió a la «estricta neutralidad» en contra de sus propios deseos[69] y en noviembre ordenaba la retirada del frente ruso de la «División Azul» además de la paralización del proceso de fascistización.[70]
El cambio en el signo de la guerra propició la más grave crisis que vivió el poder dictatorial del Generalísimo Franco. El 8 de septiembre de 1943, recibió una carta firmada por ocho de los doce tenientes generales en la que le pedían que considerase la restauración de la monarquía, tal como le había reclamado don Juan de Borbón, heredero legítimo de Alfonso XIII, en una carta enviada al Generalísimo unos meses antes —será la única vez en 39 años que la mayoría de los generales le pedían a Franco que renunciara—. Pero Franco no hizo la más mínima concesión y se limitó a esperar y a situar en los puestos claves a militares fieles a su persona.[64]
Mientras tanto la situación económica no mejoraba debido fundamentalmente a la catastrófica política económica autárquica e intervencionista que se estaba aplicando.[71] El resultado era una pésima asignación de los recursos productivos, y la prueba del mal funcionamiento del sistema fue que inmediatamente surgió, al margen del mercado regulado (y de las cartillas de racionamiento), un mercado negro, conocido como «estraperlo», hacia el que se canalizaban los productos ya que a allí alcanzaban unos mayores precios.[72]
Así pues, la aplicación de la política autárquica e intervencionista al servicio de «un Estado imperial militar» provocó «una profunda depresión económica que duró más de una década».[73] Se produjo una fuerte caída de la producción agraria que provocó una gravísima hambruna[73] y únicamente cuando la escasez llegó a ser dramática en la segunda mitad de la década de los 40, el general Franco, autorizó la importación de productos alimentarios, por lo que sólo gracias al trigo argentino y estadounidense, España se salvó de una total catástrofe alimentaria.[74]
Empeoraron las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros, de los campesinos pobres, de los obreros de las industrias y de los trabajadores de los servicios, con un marcado descenso de los salarios reales.[75] Se interrumpió el proceso de industrialización que España venía experimentando desde la segunda década del siglo XX, y no se consiguió recuperar los niveles industriales de 1935 hasta quince años después de terminada la guerra, en 1955.[76] Se disparó la inflación, debido a los cuantiosos déficits presupuestarios financiados con emisiones de deuda pignorable que era tomada por la banca privada, que la podía transformar inmediatamente en efectivo (monetizar) en el Banco de España.[77] El historiador de la economía Carlos Barciela al hacer balance de los años de la autarquía franquista ha destacado que «el consumo de la población, incluido el de productos de primera necesidad se hundió de forma dramática, y el hambre se cebó en millones de españoles»[78] por lo que concluye que la «evolución de la economía española en los años cuarenta fue catastrófica».[79]
En la Conferencia de Potsdam las tres potencias vencedoras en la ll Guerra Mundial (Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética) hicieron pública una declaración sobre la «cuestión española» que decía:[80]
Los tres gobiernos, sin embargo, se sienten obligados a declarar que, por su parte, no apoyarán ninguna solicitud de ingreso (en la ONU) del presente Gobierno español, el cual, habiendo sido establecido con el apoyo de las potencias del eje, no posee, en razón de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su asociación estrecha con los países agresores, las cualidades necesarias para justificar ese ingreso.
La probable victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial había suscitado enormes expectativas entre la oposición republicana, lo que había dado lugar a la creación de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas[81] y al recrudecimiento de la actividad guerrillera (el «maquis»), cuyo hecho más destacado fue el intento de invasión del Valle de Arán en octubre de 1944 por parte de un contingente de unos 6000 guerrilleros comunistas, pero que constituyó un sonoro fracaso.[82]
Mientras, en agosto de 1945, se celebró una sesión especial de las Cortes republicanas en México en la se nombró un gobierno presidido por José Giral, del que quedaron excluidos los negrinistas y los comunistas.[83] Sin embargo, el gobierno republicano no fue reconocido por ninguna de las potencias vencedoras ni por la ONU, por lo que José Giral acabaría presentando su dimisión en febrero de 1947.[84] Además la oposición republicana se dividió entre los partidarios de aliarse con los monárquicos y aceptar un referéndum sobre la forma de Estado, y los que siguieron defendiendo la legitimidad republicana.[83]
Paralelamente los monárquicos recrudecieron su ofensiva. El 19 de marzo de 1945, cuando la derrota de Hitler estaba muy cercana, don Juan de Borbón rompía totalmente con el franquismo al hacer público el Manifiesto de Lausana en el que declaraba que «el régimen implantado por el general Franco, inspirado desde el principio en los sistemas totalitarios de las Potencias del Eje», era incompatible con la victoria aliada y «compromete también el porvenir de la Nación». Por eso mismo pedía Franco que dejara paso a la «Monarquía tradicional».[85] En febrero de 1946 don Juan trasladó su residencia oficial a Estoril (cerca de Lisboa) donde recibió una carta de bienvenida firmada por 458 miembros de la elite española, incluidos dos exministros, lo que causó una honda preocupación en Franco —«es una declaración de guerra», dijo.[86][87]
La respuesta del franquismo al aislamiento internacional y al recrudecimiento de la oposición monárquica, fue la paralización definitiva del proceso de fascistización, y la introducción de ciertos cambios que lo hicieran más presentable exteriormente, «pero sin reducir un ápice el poder omnímodo y vitalicio» del «Generalísimo».[85] Un primer paso fue la promulgación el 17 de julio de 1945, del Fuero de los españoles, tercera de las «leyes fundamentales», que pretendía ser una carta de derechos y libertades pero imponía muchas restricciones y no daba garantías en su ejercicio por lo que constituyó una mera manifestación retórica.[88] Un segundo paso fue nombrar un nuevo gobierno en el que daba entrada al político católico Alberto Martin Artajo, que se iba a encargar del Ministerio de Asuntos Exteriores, el más trascendental en aquellos momentos, y que iba estar acompañado de otros dos ministros de esa misma tendencia. El objetivo era reforzar el catolicismo del Régimen y ofrecer una nueva imagen al mundo.[89] Así el gobierno eliminó buena parte de los símbolos falangistas, como el saludo fascista con el brazo en alto, y a la hora de referirse al «partido único» ya no se utilizó el término oficial Falange Española Tradicionalista y de las JONS sino que se prefirió utilizar el nombre de «Movimiento Nacional».[89] Y en su lugar se dio prioridad a la base católica del franquismo lo que dio nacimiento a lo que se llamó más tarde «nacionalcatolicismo»: la identificación de la Iglesia católica con el régimen franquista. Así, aunque la vuelta a muchos aspectos de la vida religiosa ya se había producido durante la guerra civil y la inmediata posguerra, los ritos religiosos se introdujeron en todos los aspectos de la vida, tanto pública como privada.[90] El 22 de octubre de 1945 Franco promulgó la Ley del Referéndum Nacional —cuarta de las «leyes fundamentales»— que permitía al Jefe del Estado someter a consulta de los españoles aquellos proyectos de ley que considerase oportunos.[89]
Finalmente Franco, siguiendo los consejos de Luis Carrero Blanco,[91] ordenó «cerrar filas» en torno al régimen y recordó obsesivamente la guerra civil. Para ello la actividad guerrillera fue utilizada como «prueba» de que la guerra civil continuaba.[80]
Sin embargo, los cambios «cosméticos» y la campaña y la actividad desplegada para convencer al mundo de que el franquismo no había tenido nada que ver con las potencias fascistas derrotadas en la guerra, no surtieron ningún efecto inmediato. El ostracismo efectivo del régimen franquista se inició el 28 de febrero de 1946, cuando el gobierno francés cerró la frontera con España y cuatro días después una declaración conjunta de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia expresaba su repudio del franquismo y su confianza en que «españoles patriotas y de espíritu liberal encontrarán los medíos para conseguir una pacífica retirada de Franco» y el retorno a la democracia.[92]
Al mismo tiempo la cuestión de las sanciones a imponer al régimen franquista fue debatida en la ONU a lo largo de ese año, 1946, siempre con la negativa de Gran Bretaña y de Estados Unidos a acordar medidas económicas o militares. Finalmente, el 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU acordó por 34 votos a favor, seis en contra y trece abstenciones, la condena del régimen franquista en la que se decía que «por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini», lo que «hace imposible que este pueblo participe con los de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales… hasta que se forme en España un gobierno nuevo y adecuado… cuya autoridad emane del consentimiento de los gobernados». A continuación recomendaba la inmediata retirada de los embajadores acreditados en Madrid. Esta última medida fue aplicada por la gran mayoría de los países.[93]
El régimen franquista organizó el 9 de diciembre de 1946 una gran manifestación de «indignación nacional» en la Plaza de Oriente de Madrid bajo el lema «¡Franco sí, comunismo no!» y desde el balcón principal del Palacio Real el Caudillo se dirigió a la multitud y atribuyó el aislamiento del régimen a una conjura de la masonería y el comunismo.[94] Además el mismo día que la Asamblea General de la ONU condenaba al régimen, las Cortes franquistas aprobaban acuñar nuevas monedas con la efigie de Franco con la leyenda: «Francisco Franco Caudillo de España por la Gracia de Dios».[89] Otra vía para hacer frente al aislamiento fue buscar el apoyo internacional de los círculos católicos y anticomunistas en todo el mundo, especialmente entre los países latinoamericanos —donde encontró el apoyo del general Juan Perón en Argentina—.[92]
Sin embargo, la estrategia principal del franquismo para sobrevivir fue buscar la legitimación monárquica. Así, en marzo de 1947 se dio a conocer la «crucial» Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (quinta «ley fundamental»), en cuyo artículo 1° se definía la forma del régimen político español como «un Estado católico, social y representativo, que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino». El artículo 2° otorgaba de modo vitalicio la «Jefatura del Estado» al «Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos», convirtiendo así a Franco en regente de hecho y de por vida en esta «monarquía sin rey». El artículo 6° confería a Franco el derecho a designar sucesor «a título de Rey o de Regente» «en cualquier momento» y con plena capacidad de revocación de su decisión.[95]
Al no hacerse mención a ningún derecho dinástico de sucesión, la respuesta de don Juan fue una nueva declaración —el Manifiesto de Estoril del 7 de abril de 1947— en la que rechazó la Ley y defendió los derechos hereditarios de sucesión al trono, que recaían en su persona. Este mensaje no se hizo público en España, donde la prensa lanzó una campaña contra «el pretendiente».[96] Como ha señalado Paul Preston, a partir de la promulgación de la Ley de Sucesión, Franco actuó «al modo de un monarca en el recientemente proclamado reino de España» y «tomó para sí las prerrogativas reales hasta el punto de crear títulos nobiliarios».[97] Para buscar la legitimidad «democrática» del régimen, la ley fue primero aprobada por las Cortes el 7 de junio, y luego sometida a referéndum el 6 de julio de 1947, produciéndose una altísima participación y el voto afirmativo del 93 % de los votantes como resultado de la propaganda oficial —la única que se permitió— y de otras medidas de presión —por ejemplo, la presentación y sellado de la cartilla de racionamiento como forma de identificación electoral—.[96]
A finales de 1947 aparecieron las primeras pruebas de que el inicio de la guerra fría estaba cambiando la actitud de las potencias occidentales hacia el régimen de Franco al tener España un valor estratégico para el bloque del «mundo libre» ante un posible «ataque comunista» sobre Europa Occidental. A principios de 1948 Francia reabría la frontera con España y a principios de 1949 el régimen franquista recibía el primer crédito concedido por un banco estadounidense con la aprobación de su gobierno —por valor de 25 millones de dólares—.[98]
El proceso de «rehabilitación» de la dictadura franquista se completó formalmente en 1950, después de que en junio de ese año estallara la guerra de Corea. El 4 de noviembre de 1950 la Asamblea General de la ONU revocó por amplia mayoría —gracias al apoyo estadounidense y a la abstención francesa y británica— la resolución de condena del régimen franquista de diciembre de 1946. Así en los meses siguientes regresaron a Madrid los embajadores occidentales y se aprobó la entrada de España en los organismos internacionales especializados de la ONU.[99]
La rehabilitación internacional del régimen franquista y la aprobación en referéndum de la Ley de Sucesión en julio de 1947 debilitó hasta tal punto a la opción monárquica, que don Juan de Borbón cambió de estrategia respecto a Franco y el 25 de agosto de 1948 se entrevistó con el Generalísimo en su yate Azor anclado en el golfo de Vizcaya. Como resultado de la misma se acordó que el hijo de don Juan, Juan Carlos de Borbón, se educaría en España bajo la tutela del general Franco —el 7 de noviembre el príncipe, de diez años de edad, llegaba a España—.[100]
Por su parte, la oposición republicana, ante el reconocimiento internacional del franquismo, se quedó sin argumentos, y la actividad guerrillera decayó. Los comunistas abandonaron la guerrilla por completo en 1952, mientras que los anarquistas aún llevarían a cabo acciones esporádicas hasta 1963. Así pues, desde 1949 y hasta la década de los sesenta, la oposición antifranquista interna y del exilio vivió su «travesía del desierto».[101]
En 1951 volvió la protesta obrera a consecuencia de las penosas condiciones laborales y el incremento de los precios con la huelga de tranvías de Barcelona de 1951[102] lo que obligó al general Franco a reaccionar, y en julio nombró un nuevo gobierno que debería rectificar en parte la política económica para asegurarse que la conflictividad social no se reproducía, aunque siguió siendo un gabinete con el predominio del catolicismo político. En él, por fin entró Carrero Blanco, con el rango de ministro subsecretario de la Presidencia.[103]
Después de largas negociaciones se llegó al acuerdo sobre un nuevo Concordato con la Iglesia católica, que supuso un paso de vital importancia en el reconocimiento internacional del régimen y además la ratificación del predominio que el franquismo había concedido a la Iglesia católica a cambio de su identificación total con el régimen.[104] En realidad el Concordato lo que hacía era ratificar el statu quo ya existente entre la Iglesia y el Estado desde la guerra civil y, especialmente, desde 1945 con la hegemonía del «nacionalcatolicismo». A partir de la firma del Concordato, como ha señalado Enrique Moradiellos, «el triunfo nacionalcatolicismo fue definitivo e incontestable, convirtiéndose en la ideología oficial del Estado y el patrón normativo de la conducta moral, pública y privada, del conjunto de la sociedad española».[105]
Las negociaciones con Estados Unidos para la instalación de cuatro bases estadounidenses en territorio español (el llamado «Pacto de Madrid»)a cambio de una limitada ayuda económica y militar, culminaron con la firma de tres «pactos ejecutivos» por los que España quedaba incorporada al sistema de defensa occidental, pero sin acceder a la toma de decisiones al ser vetado su acceso a la OTAN. Las bases que se iban a instalar estaban teóricamente bajo la soberanía conjunta de España y de Estados Unidos, pero existía un acuerdo secreto adicional, por el que Estados Unidos podía decidir unilateralmente cuándo utilizarlas «en caso de evidente agresión comunista que amenace la seguridad de Occidente». Por otro lado, se almacenó armamento atómico en ellas, a pesar de las protestas de las autoridades franquistas.[106]
Después del acuerdo de la Asamblea General de 1950, España pudo integrase progresivamente en los organismos especializados de la ONU, y finalmente (en diciembre de 1955) fue admitida como miembro de pleno derecho de la ONU. Era el final del aislamiento del franquismo.[99]