Artículo principal: Segunda República española en guerra

La reacción del gobierno a la sublevación militar

En la tarde del viernes 17 de julio se conocía en Madrid que en el Protectorado de Marruecos se había iniciado una sublevación militar. Al día siguiente la sublevación se extendió a la península y las organizaciones obreras (CNT y UGT) reclamaron «armas para el pueblo» para acabar con ella, a lo que el gobierno de Santiago Casares Quiroga se negó.^[223]

Por la noche de ese sábado 18 de julio Casares Quiroga presentó su dimisión al presidente de la República Manuel Azaña y este encargó a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y líder de Unión Republicana, que formara un gobierno que consiguiera «detener la rebelión» sin recurrir al apoyo armado de las organizaciones obreras. Martínez Barrio incluyó en su gabinete a políticos moderados y dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo con los militares sublevados^[224] y en la madrugada del sábado 18 al domingo 19 de julio, habló por teléfono con el general Emilio Mola, «el Director» de la sublevación, pero este se negó rotundamente a cualquier tipo de transacción. Así el «gobierno de conciliación» de Martínez Barrio dimitió y Azaña nombró el mismo domingo 19 de julio nuevo presidente del gobierno a un hombre de su partido José Giral, que formó un gobierno únicamente integrado por republicanos de izquierda, aunque con el apoyo explícito de los socialistas, que tomó la decisión de entregar armas a las organizaciones obreras, algo a lo que también se había negado Martínez Barrio porque, al igual que Casares Quiroga, consideraba que ese hecho traspasaba el umbral de la defensa constitucional y «legal» de la República.^[225]

A causa de esta decisión de «entregar armas al pueblo» el Estado republicano perdió el monopolio de la coerción, por lo que no pudo impedir que se iniciara una revolución social, ya que las organizaciones obreras no salieron a la calle «exactamente para defender la República... sino para hacer la revolución. (...) Un golpe de estado contrarrevolucionario, que intentaba frenar la revolución, acabó finalmente desencadenándola».^[226]

La revolución social de 1936 y el gobierno de José Giral (julio-septiembre de 1936)

Véase también: Revolución social española de 1936

La entrega de armas a los partidos y organizaciones obreras hizo que estas constituyeran rápidamente «milicias armadas para hacer frente a la rebelión en el terreno militar y para proceder a una profunda revolución social (desentendiéndose de las autoridades republicanas, a las que no derribaron): incautaron y colectivizaron explotaciones agrarias y empresas industriales y mercantiles para asegurar la continuidad de la producción y distribución de bienes, y se hicieron cargo del mantenimiento de las principales funciones competencia del Estado. La producción, el abastecimiento de la población, la vigilancia, la represión, las comunicaciones y el transporte, la sanidad, quedaron en manos de comités sindicales, que en no pocas localidades suprimieron la moneda para sustituirla por vales. Ante el hundimiento de los mecanismos del poder público [«un gobierno que reparte armas es un gobierno que se ha quedado sin instrumentos para garantizar el orden público e imponer su autoridad»], surgió en el verano de 1936 un nuevo poder obrero, que era a la vez militar, político, social, económico».^[227] «En el País Vasco, sin embargo, donde el PNV había rechazado la coalición con la CEDA en las elecciones de febrero de 1936 y apoyado a la izquierda en la tramitación del Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado el 1 de octubre de 1936, no hubo revolución social y un partido católico y nacionalista se mantuvo hasta junio de 1937 al frente de un gobierno autónomo con poder sobre poco más que el territorio de Vizcaya».^[228]

Los comités que surgieron por todas partes eran autónomos y no reconocían límites a sus actuaciones,^[229] pero la paradoja fue que al mismo tiempo la revolución no acabó con el Estado republicano, sino que simplemente lo ignoró y lo redujo a la inoperancia. En Cataluña se constituyó el Comité Central de Milicias Antifascistas, pero el gobierno de la Generalidad no fue destituido y continuó en su puesto. En Valencia apareció el Comité Ejecutivo Popular. En Málaga y Lérida surgieron sendos Comités de Salud Pública. En Cantabria, Gijón y Jaén, comités provinciales del Frente Popular (Comité de Guerra de Gijón, Comité Popular de Sama de Langreo, etc). En Vizcaya, una Junta de Defensa. En Madrid se constituyó un Comité Nacional del Frente Popular, que organizaba milicias y la vida de la ciudad, pero junto a él seguía existiendo el gobierno de José Giral formado solo por republicanos de izquierda.^[230]

Pero el gobierno Giral, a pesar de que el poder real no estaba en sus manos, no dejó de actuar, especialmente en el plano internacional. Fue este gobierno el que pidió la venta de armas al gobierno del Frente Popular de Francia, y al no conseguirla, luego a la Unión Soviética, para lo cual dispuso de las reservas del oro del Banco de España. En el plano interior destituyó a los funcionarios sospechosos de apoyar la sublevación y dictó las primeras medidas para intentar controlar las «ejecuciones» indiscriminadas, arbitrarias y extrajudiciales de «fascistas» que llevaban a cabo decenas de «tribunales revolucionarios», también conocidos como «checas», montadas por las organizaciones y partidos obreros que habían impuesto el «terror rojo» en Madrid y en otros lugares. Así el gobierno Giral creó los tribunales especiales «para juzgar los delitos de rebelión y sedición y los cometidos contra la seguridad del Estado». Sin embargo estos «tribunales populares» no acabaron con las actividades de las «checas» que siguieron asesinando «fascistas» mediante los «paseos» (detenciones ilegales que acababan con el asesinato del detenido y cuyo cadáver eran arrojado en una cuneta o junto a la tapia de un cementerio) o las «sacas» (excarcelaciones de presos que supuestamente iban a ser puestos en libertad pero que en realidad eran llevados al paredón).^[231]

Cuando el 3 de septiembre de 1936 el Ejército de África sublevado tomó Talavera de la Reina (ya en la provincia de Toledo, después de haber ocupado Extremadura), y además también caía Irún en manos de los sublevados (con lo que el norte quedaba aislado del resto de la zona republicana), José Giral presentó la dimisión al presidente de la República Manuel Azaña.^[104]

El gobierno de Largo Caballero (septiembre de 1936-mayo de 1937)

Véase también: Sucesos de mayo de 1937

José Giral (izquierda) y Francisco Largo Caballero (derecha).

Tras la dimisión de Giral, el presidente de la República Manuel Azaña encargó la formación de un «gobierno de coalición» a Francisco Largo Caballero, el líder socialista de UGT, una de las dos centrales sindicales que estaban protagonizando la revolución. Largo Caballero, que además de la presidencia asumió el ministerio clave de Guerra, entendió este gobierno como una gran «alianza antifascista», y así dio entrada en el gabinete al mayor número posible de representaciones de los partidos y sindicatos que luchaban contra la rebelión «fascista» (como llamaban las organizaciones obreras a la sublevación militar de julio). Pero el gobierno no se completó realmente hasta dos meses después, cuando el 4 de noviembre (en el momento en que las tropas sublevadas ya estaban a las afueras de Madrid) se integraron en él cuatro ministros de la CNT, entre ellos la primera mujer que fue ministra en España, Federica Montseny.^[232]

El nuevo gobierno de Largo Caballero, autoproclamado «gobierno de la victoria», enseguida concluyó que había que dar prioridad a la guerra, y de ahí el programa político que puso en marcha inmediatamente, cuya principal medida fue la creación de un nuevo ejército y la unificación de la dirección de la guerra (que incluía la incorporación de las milicias a las Brigadas Mixtas y la creación del cuerpo de comisarios). Así pues, los dirigentes sindicales de UGT y CNT al aceptar e impulsar este programa «estuvieron de acuerdo en que la implantación del comunismo libertario, a que aspiraba la CNT, o de la sociedad socialista, que pretendía la UGT, debía esperar al triunfo militar».^[233]

Pero todas estas medidas no consiguieron paralizar el avance hacia Madrid del Ejército de África y el 6 de noviembre ya estaba a punto de entrar en la capital. Ese día el gobierno decidió abandonar Madrid y trasladarse a Valencia, encomendando la defensa de la ciudad al general Miaja que debería formar una Junta de Defensa de Madrid. «Una salida precipitada, mantenida en sigilo, sobre la que no se dio explicación pública alguna».^[113] «Quienes se quedaron en Madrid no pudieron interpretar estos hechos sino como una vergonzosa huida... sobre todo porque los madrileños fueron capaces de organizar su defensa. Madrid resistió el primer embate y rechazó los siguientes, deteniendo así el avance del ejército rebelde».^[114]

El segundo gran objetivo del gobierno de Largo Caballero fue restablecer la autoridad del gobierno y de los poderes del Estado.^[234] Pero no se resolvieron las tensiones con los gobiernos de las «regiones autónomas» de Cataluña y el País Vasco, ni con los consejos regionales que habían surgido en otros sitios. En Cataluña, el gobierno de la Generalidad, que el 26 de septiembre incorporó a varios consejeros de la CNT y del POUM por lo que el Comité de Milicias Antifascistas quedó disuelto, organizó su propio ejército y el 24 de octubre aprobó el decreto de colectividades, cuestiones ambas que excedían el ámbito de sus competencias. En cuanto al País Vasco, el 1 de octubre las Cortes aprobaban el Estatuto de Autonomía de Euskadi y el nacionalista vasco José Antonio Aguirre fue investido lendakari del Gobierno Vasco, entre cuyos miembros no incluyó a ningún representante de la CNT (en el País Vasco no había habido revolución social ni apenas violencia anticlerical y las iglesias continuaron abiertas). Aguirre construyó un Estado «cuasi soberano» sobre el territorio vasco que todavía no había sido ocupado por el bando sublevado y que prácticamente se reducía a Vizcaya. Además de una policía vasca, la Ertzaina, creó un ejército propio y no aceptó el mando del general que envió el gobierno de Madrid para ponerse al frente del Ejército del Norte. En cuanto al Consejo de Aragón, dominado por los anarquistas, el gobierno de Largo Caballero no tuvo más remedio que legalizarlo.^[235]

Thumb — Vehículo de la Generalidad de Cataluña habilitado para transportar las donaciones de sangre al frente.

En la primavera de 1937, tras la decisión de Franco de poner fin por el momento a la toma de Madrid después de la victoria republicana en la batalla de Guadalajara, se abría la perspectiva de una guerra larga y pronto estalló la crisis entre las fuerzas políticas que apoyaban a la República.^[236] El conflicto fundamental fue el que enfrentó a los anarquistas de la CNT, que defendían la compatibilidad de la revolución con la guerra,^[237]^[238] y a los comunistas del Partido Comunista de España (PCE) y del PSUC en Cataluña, que entendían que la mejor forma de frenar la sublevación militar era restablecer el Estado republicano y aglutinar a todas las fuerzas de la izquierda política, incluidos los partidos de la pequeña y mediana burguesía, por lo que debía paralizarse la revolución social y dar prioridad a la guerra. Sin embargo, Santos Juliá afirma, en contra de la opinión de otros historiadores, que en la primavera de 1937 entre las fuerzas que apoyaban al gobierno de Largo Caballero «la divisora no corría entre guerra y revolución sino entre partidos y sindicatos» porque la prioridad dada a la guerra ya se había decidido el 4 de septiembre cuando se formó el gobierno de Largo Caballero, al que dos meses después se sumaron los cuatro ministros anarquistas.^[239]

La crisis estalló por los enfrentamientos iniciados en Barcelona el lunes 3 de mayo de 1937 cuando un destacamento de la Guardia de Asalto por orden de la Generalidad intentó recuperar el control sobre el edificio de la Telefónica en la plaza de Cataluña, en poder de la CNT desde las jornadas «gloriosas» de julio de 1936. Varios grupos anarquistas respondieron con las armas y el POUM se sumó a la lucha. En el otro bando, la Generalidad y los comunistas y socialistas unificados en Cataluña bajo un mismo partido (el PSUC) hicieron frente a la rebelión, que ellos mismos habían provocado, y la lucha se prolongó varios días. El viernes 7 de mayo la situación pudo ser controlada por las fuerzas de orden público enviadas por el gobierno de Largo Caballero desde Valencia, ayudadas por militantes del PSUC, aunque la Generalidad pagó el precio de que le fueron retiradas sus competencias sobre orden público.^[240] El enfrentamiento en las calles de Barcelona fue relatado por el británico George Orwell en su Homenaje a Cataluña.

Fotografías de Dolores Ibárruri La Pasionaria y su hijo Rubén Ruiz Ibárruri, que fueron figuras relevantes en los círculos comunistas durante la guerra y posteriormente en la Unión Soviética, donde se exiliaron tras la victoria del bando sublevado.

Los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona tuvieron una repercusión inmediata en el gobierno de Largo Caballero. La crisis la provocaron el día 13 de mayo los dos ministros comunistas que amenazaron con dimitir si Largo Caballero no dejaba el Ministerio de la Guerra (el PCE especialmente desde la caída de Málaga el 8 de febrero le hacía responsable de las continuas derrotas republicanas), y que disolviera el POUM. En este ataque a Largo Caballero contaban con el apoyo de la fracción socialista de Indalecio Prieto, que controlaba la dirección del PSOE, que como los comunistas querían eliminar del gobierno a las organizaciones sindicales, UGT y CNT, y reconstruir el Frente Popular. Largo Caballero se negó a aceptar las dos condiciones de los comunistas y al no encontrar los apoyos suficientes para su gobierno dimitió el 17 de mayo. El presidente Manuel Azaña, que también estaba en desacuerdo con la presencia de las dos centrales sindicales en el gobierno, nombró a un socialista «prietista», Juan Negrín, nuevo jefe de Gobierno. Al día siguiente el órgano de la CNT Solidaridad Obrera declaraba en su editorial: «Se ha constituido un gobierno contrarrevolucionario».^[241]

El gobierno de Juan Negrín (mayo de 1937-marzo de 1939)

El nuevo gobierno que formó el socialista Juan Negrín en mayo de 1937 respondió al modelo de las coaliciones de Frente Popular: tres ministros socialistas ocupando las posiciones fundamentales (el propio Negrín, que mantuvo la cartera de Hacienda que ya había ostentado en el gobierno de Largo Caballero, Indalecio Prieto, sobre el que recayó toda la responsabilidad en la conducción de la guerra, al ser nombrado al frente del nuevo Ministerio de Defensa, y Julián Zugazagoitia en Gobernación), dos republicanos de izquierda, dos comunistas, uno del Partido Nacionalista Vasco y otro de Esquerra Republicana de Catalunya.^[242] Según Santos Juliá, detrás de este gobierno estaba Manuel Azaña, que pretendía «un gobierno capaz de defenderse en el interior y de no perder la guerra en el exterior. (...) Con Prieto a cargo de un Ministerio de Defensa unificado, sería posible defenderse; con Negrín en la presidencia, se podían abrigar esperanzas de no perder la guerra en el exterior».^[243]

La política del nuevo gobierno tuvo cinco ejes fundamentales, algunos ya iniciados por Largo Caballero: la culminación de la formación del Ejército Popular^[244] y el desarrollo de la industria de guerra (lo que llevó al gobierno a trasladarse de Valencia a Barcelona en noviembre de 1937 para, entre otras razones, «poner en pleno rendimiento la industria de guerra» catalana);^[138] la continuación de la recuperación por el gobierno central de todos los poderes, con la justificación de que la dirección de la guerra así lo reclamaba (fue disuelto el Consejo de Aragón, último baluarte de la CNT; el traslado del gobierno de Valencia a Barcelona para «asentar definitivamente la autoridad del gobierno en Cataluña» relegó al gobierno de la Generalidad de Lluís Companys a un papel secundario).^[245] mantenimiento del orden público y la seguridad jurídica (con Zugazagoitia en Gobernación e Irujo en Justicia, se redujeron las ejecuciones «extrajudiciales» y las actividades de las «checas», pero en la «desaparición» del líder del POUM el gobierno dejó hacer a los comunistas y a los agentes soviéticos del NKVD);^[246] se dieron garantías a la pequeña y mediana propiedad;^[247] se intentó cambiar la política de «no-intervención» de Gran Bretaña y Francia por la de mediación en el conflicto, para que presionaran a Alemania e Italia y cesaran en su apoyo a los sublevados, con el objetivo final de alcanzar una «paz negociada», pero no se consiguió nada.^[248] El gran derrotado de esta línea política fue el sindicalismo, tanto el de la UGT y como el de la CNT.^[249] Por el contrario, los que resultaron más reforzados fueron los comunistas, de ahí la acusación lanzada contra Negrín de ser un «criptocomunista».

Las derrotas de la República en la batalla de Teruel y en la ofensiva de Aragón provocaron la crisis de marzo de 1938. Azaña y Prieto consideraron que lo que había sucedido mostraba que el ejército republicano nunca podría ganar la guerra y que había que negociar una rendición con apoyo franco-británico. Frente a ellos Negrín y los comunistas eran firmes partidarios de continuar resistiendo. La crisis se abrió al intentar Negrín que Prieto cambiara de ministerio (habiendo declarado su convicción de que la guerra estaba perdida, Prieto era el peor de los ministros de Defensa posible), pero Azaña respaldó a Prieto, así como el resto de los republicanos de izquierda y los nacionalistas de Esquerra y del PNV. Sin embargo, estos no consiguieron articular ninguna alternativa a Negrín, y este acabó saliendo reforzado de la crisis, con la consiguiente salida de Prieto del gobierno.^[143]

Negrín recompuso el gobierno el 6 de abril y asumió personalmente el Ministerio de Defensa e incorporó al gabinete a los dos sindicatos, UGT y CNT. Además José Giral fue sustituido en el Ministerio de Estado por el socialista Julio Álvarez del Vayo.^[144] Las posiciones del nuevo gobierno con vistas a unas posibles negociaciones de paz quedaron fijadas en su Declaración de los 13 puntos, hecha pública en la significativa fecha del 1.º de mayo. En ella, «el gobierno anunciaba que sus fines de guerra consistían en asegurar la independencia de España y establecer una República democrática cuya estructuración jurídica y social sería aprobada en referéndum; afirmaba su respeto a la propiedad legítimamente adquirida, la necesidad de una reforma agraria y de una legislación social avanzada, y anunciaba una amplia amnistía para todos los españoles que quieran cooperar a la inmensa labor de reconstrucción y engrandecimiento de España. En su intento de aparecer ante las potencias extranjeras con la situación interior controlada, Negrín inició gestiones infructuosas con el Vaticano para restablecer relaciones diplomáticas y abrir las iglesias al culto».^[146]

Negrín era consciente de que la supervivencia de la República no solo dependía del fortalecimiento del Ejército Popular y de que se mantuviera la voluntad de resistencia de la población civil en la retaguardia, sino también de que Francia y Gran Bretaña pusieran fin a la política de «no intervención» o de que al menos presionaran a las potencias fascistas para que estas a su vez convencieran al «Generalísimo» Franco para que aceptara un final negociado. Negrín pensaba que su política era la única posible. Como dijo en privado «no se puede hacer otra cosa». Así pues, su idea era resistir para negociar un armisticio que evitara el «reinado de terror y de venganzas sangrientas» (las represalias y fusilamientos por parte de los vencedores sobre los vencidos) que Negrín sabía que Franco iba a imponer, como efectivamente acabó sucediendo.^[250]

Fotografías del general Vicente Rojo (1936) y de Juan Negrín (1938).

Además, Negrín, el general Vicente Rojo Lluch, jefe de Estado Mayor, y los comunistas, creían posible que el ejército republicano aún era capaz de una última ofensiva, que se inició el 24 de julio de 1938, dando comienzo así a la batalla del Ebro, la más larga y decisiva de la Guerra Civil. Pero después de tres meses de duros combates, se produjo una nueva derrota del ejército republicano, que tuvo que volver a sus posiciones iniciales, «con decenas de miles de bajas y una pérdida considerable de material de guerra que ya no podría utilizarse para defender Cataluña frente a la decisiva ofensiva franquista».^[154]

Poco antes de que finalizara la batalla del Ebro se produjo otro hecho que también fue determinante para la derrota de la República, esta vez procedente del exterior. El 29 de septiembre de 1938 se firmaba el Acuerdo de Múnich entre Gran Bretaña y Francia, por un lado, y Alemania e Italia, por otro, que cerraba toda posibilidad de intervención de las potencias democráticas a favor de la República. De la misma forma que ese acuerdo supuso la entrega de Checoslovaquia a Hitler, también supuso abandonar a la República española a los aliados de nazis y fascistas.^[154] De nada sirvió que en un último intento desesperado de obtener la mediación extranjera Negrín anunciara ante la Sociedad de Naciones el 21 de septiembre, una semana antes de que se firmara el Acuerdo de Múnich, la retirada unilateral de los combatientes extranjeros que luchaban en la España republicana, aceptando (sin esperar a que los «nacionales» hicieran lo propio) la resolución del Comité de No Intervención, que proponía un plan de retirada de voluntarios extranjeros de la guerra de España. El 15 de noviembre de 1938, la víspera del fin de la batalla del Ebro, las Brigadas Internacionales desfilaban como despedida por la avenida Diagonal de Barcelona. En el campo rebelde, por su parte, en octubre de 1938, seguros ya de su superioridad militar y de que la victoria estaba cerca, decidieron reducir en un cuarto las fuerzas italianas.^[251]

La última operación militar de la guerra fue la campaña de Cataluña, que acabó en un nuevo desastre para la República. El 26 de enero de 1939 las tropas de Franco entraban en Barcelona prácticamente sin lucha. El 5 de febrero ocupaban Gerona.^[162] Cuatro días antes, «el día 1 de febrero de 1939, en las sesiones celebradas por lo que quedaba del Congreso en el castillo de Figueras, [Negrín] redujo los 13 puntos a las tres garantías que su gobierno presentaba a las potencias democráticas como condiciones de paz: independencia de España, que el pueblo español señalara cuál habría de ser su régimen y su destino y que cesara toda persecución y represalia en nombre de una labor patriótica de reconciliación. Pocos días después, hizo saber a los embajadores francés y británico que estaba dispuesto a ordenar un cese inmediato de las hostilidades si su gobierno obtenía garantías de que no habría represalias. Pero no las recibió».^[252]

El día 6 de febrero, las principales autoridades republicanas, encabezadas por el presidente Azaña, cruzaban la frontera seguidos de un inmenso éxodo de civiles y militares republicanos que marchaban al exilio. El día 9 de febrero hacía lo mismo el presidente del gobierno, Juan Negrín, tras la salida del último soldado de Cataluña,^[253] pero en Toulouse cogió un avión para regresar a Alicante el día 10 de febrero acompañado de algunos ministros con la intención de reactivar la guerra en la zona centro-sur. El único apoyo con el que contaba ya Negrín, además de una parte de su propio partido (el PSOE quedó dividido entre «negrinistas» y «antinegrinistas»), eran los comunistas.^[162]