golpe de Estado contra la Segunda República, cuyo fracaso parcial dio lugar a la Guerra Civil De Wikipedia, la enciclopedia libre
El golpe de Estado en España de julio de 1936 fue una sublevación militar dirigida contra el Gobierno constitucional de la Segunda República surgido de las elecciones de febrero de aquel año. Comenzó en Ceuta, Melilla, Tetuán y las islas Canarias; más tarde, se trasladó a la Península, en la que su fracaso parcial condujo a una guerra civil y, derrotada la República, al establecimiento de una dictadura que estuvo vigente hasta la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975.
Golpe de Estado de julio de 1936 | ||||
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![]() Situación de España hacia el 25 de julio de 1936.
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Contexto del acontecimiento | ||||
Fecha | 17-23 de julio de 1936 | |||
Sitio | España[nota 1] | |||
Impulsores |
Emilio Mola[nota 2] José Sanjurjo † Gonzalo Queipo de Llano Miguel Cabanellas Francisco Franco Manuel Goded Joaquín Fanjul | |||
Motivos | Descontento del ejército, revolución obrera, conflictividad agraria, persecución religiosa, conflictividad social, nacionalismos periféricos | |||
Influencias ideológicas de los impulsores | Nacionalismo español, nacionalcatolicismo, fascismo, nacionalsindicalismo, conservadurismo, tradicionalismo, monarquismo, anticomunismo, antisemitismo, antimasonería | |||
Gobierno previo | ||||
Gobernante | Manuel Azaña | |||
Forma de gobierno | República parlamentaria | |||
Gobierno resultante | ||||
Gobernante |
Zona republicana: Manuel Azaña Zona sublevada: Miguel Cabanellas | |||
Forma de gobierno |
Zona republicana: república parlamentaria Zona sublevada: dictadura militar | |||
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En las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 se manifestó la polarización de la vida política, que comenzó con la fracasada Revolución de 1934 y la consiguiente represión. La izquierda se presentó unida en una coalición denominada Frente Popular que abarcaba desde la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio hasta el PCE, pasando por el PSOE, ERC y la IR de Manuel Azaña. Enfrente, la mayor parte de los partidos de derecha se agruparon en el Frente Nacional Contrarrevolucionario (CEDA, Renovación Española, Comunión Tradicionalista carlista, Lliga Catalana, etc.), del cual, sin embargo, no formaron parte ni la Falange ni el PNV. El Frente Popular se hizo con la mayoría absoluta en las Cortes, si bien los partidos de derechas protestaron porque les habían arrebatado algunos escaños en la comisión de actas.[1][2]
A partir de ese momento se desató una oleada reivindicativa con numerosas huelgas e incendios y destrucciones. Pronto entraron en acción grupos paramilitares de falangistas, por un lado, y otros organizados por la izquierda obrera, con enfrentamientos armados entre ellos. Según el historiador Víctor Hurtado, solo en el mes de febrero de 1936 se contabilizaron 441 asesinatos en todo el país,[3]una cifra no corroborada por ningún otro historiador y que, comparada con las que se suelen manejar, es a todas luces exagerada. Un estudio de 2006 sobre las víctimas mortales, resultado de la violencia política entre febrero y julio de 1936, registra para febrero un total de 44 víctimas mortales, de las cuales 28 serían causadas por la intervención de las fuerzas de orden público (la inmensa mayoría de ellas militantes de las organizaciones de izquierda). Según ese mismo estudio, entre febrero y julio de 1936, antes de iniciarse el golpe de Estado, hubo un total de 189 incidentes y 262 muertos, de ellos 112 causados por la intervención de las fuerzas de orden público. De las 262 víctimas, 148 serían militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas de orden público y 45 sin identificar. Además, ese estudio constata que el número de víctimas mortales causadas por la violencia política fue disminuyendo en esos cinco meses.[4]
Los acontecimientos de los cinco meses de gobierno en paz del Frente Popular, de febrero a julio de 1936, fueron utilizados después por los vencedores en la guerra civil española como justificación de su sublevación. El debate sigue abierto, aunque algunos historiadores sostienen que en absoluto puede hablarse de una «primavera trágica» en la que el gobierno del Frente Popular hubiera perdido el control de la situación. Sin embargo reconocen que la agitación social y laboral en el campo y la ciudad fueron constantes y el aumento de la violencia explícita por causas políticas, alimentada por acciones de la izquierda y la derecha, fue también innegable.[5]Pero la conclusión de estos historiadores es clara: «la desestabilización política real en la primavera de 1936 no explica en modo alguno la sublevación militar [de julio de 1936] y menos aún la justifica»[5]y «la política y la sociedad españolas mostraban signos inequívocos de crisis, lo cual no significa necesariamente que la única salida fuera una guerra civil».[6]
Según Julio Aróstegui, la otra justificación del golpe de Estado, impedir una inminente «revolución bolchevique», se ha demostrado todavía más inconsistente, ya que nunca se ha llegado a demostrar su existencia. Como ha señalado este historiador, entre otros,[6]«los sublevados llevaron a cabo su acción pretendiendo que se alzaban contra una revolución absolutamente inexistente en la época en que actúan, inventan documentos falsos que compuso Tomás Borrás y que hablaban de un gobierno soviético que se preparaba, y de hecho lo que representaban era la defensa de las posiciones de las viejas clases dominantes, la lucha contra las reformas sociales, más o menos profundas, que el Frente Popular pone de nuevo en marcha».[7]
El antecedente inmediato del golpe de Estado fue el asesinato del jefe de la oposición José Calvo Sotelo - en la madrugada del 13 de julio de 1936-, cometido a bordo de una camioneta de la Guardia de Asalto, en el marco de un operativo policial y tras un arresto que conculcaba por completo las garantías constitucionales, al ser llevado a cabo sin orden judicial y sin respetar la inmunidad parlamentaria del detenido. El asesinato de Calvo Sotelo, sobre todo el "modus operandi", en el que se ven implicadas "una sección de la Policía del Estado mezclada con elementos revolucionarios, electriza la situación y denota un cambio en la actitud del Ejército".[8]
Desde el mismo momento de la victoria electoral del Frente Popular, oficiales reaccionarios y monárquicos comenzaron la preparación de una sublevación militar.[9] El 10 de agosto de 1932 había tenido lugar el primer intento de golpe de Estado contra la República, liderado por el general Sanjurjo y llamado por ello «la Sanjurjada».[10] La intentona fracasó y Sanjurjo fue capturado. Más tarde, Sanjurjo fue amnistiado y se exilió en Portugal, desde donde siguió participando en conspiraciones golpistas. El 31 de marzo de 1934 cuatro representantes monárquicos alfonsinos y carlistas, con la mediación del exrey Alfonso XIII, que estaba exiliado en Italia, consiguieron que Mussolini apoyara «un eventual golpe de Estado que se produjera en España para [...] restaurar la Monarquía» y que el gobierno fascista italiano se comprometiese a aportar 1 500 000 pesetas, 200 ametralladoras, fusiles y granadas de mano. Firmaron el acuerdo por parte española el general Barrera y representantes de los partidos Renovación Española (monárquico alfonsino) y Comunión Tradicionalista (carlista).[11][12]
En 1935 el líder de la CEDA, José María Gil-Robles, consiguió la cartera de ministro de la Guerra en el Gobierno y procedió a nombrar a generales derechistas para los puestos clave: Franco como jefe del Estado Mayor Central, Fanjul como subscretario de Gil-Robles, Goded responsable de Aeronáutica y Mola jefe de las fuerzas en Marruecos. En esta época la derechista Unión Militar Española se dividió entre los que seguían queriendo dar un golpe de Estado para acabar con la democracia y los que preferían "penetrar" el sistema político desde el poder.[12] En enero de 1936 el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, disolvió las Cortes y convocó elecciones anticipadas para el 16 de febrero. Varios generales acordaron entonces sublevarse el 19 de febrero si el Frente Popular ganaba las elecciones.[13]
Nada más conocerse la victoria en la primera vuelta de las elecciones del Frente Popular, lo que suponía que la «vía política» para impedir la vuelta de la izquierda al poder había fracasado tras la derrota de Gil Robles y de la CEDA en las elecciones, se produjo el primer intento de “golpe de fuerza” por parte de la derecha para intentar frenar la entrega del poder a los vencedores. Fue el propio Gil Robles, que ya en diciembre había pulsado la opinión de los generales que él mismo había situado durante su etapa como ministro de la Guerra en los puestos clave de la cadena de mando (Fanjul, Goded, Francisco Franco) en torno a un «golpe de fuerza», el primero que intentó sin éxito que el presidente del Gobierno en funciones, Manuel Portela Valladares, declarase el «estado de guerra» y evitase la toma de posesión de los parlamentarios electos. Le siguió el general Franco, aún jefe del Estado Mayor del Ejército, que se adelantó a dar las órdenes pertinentes a los mandos militares para que declarasen el estado de guerra (lo que según la Ley de Orden Público de 1933 suponía que el poder pasaba a las autoridades militares), pero fue desautorizado por el presidente del Gobierno en funciones, Portela Valladares, y por el ministro de la Guerra en funciones, el general Nicolás Molero.[14]Un papel clave en el fracaso del golpe lo desempeñaron el director de la Guardia Civil, el general Sebastián Pozas, viejo africanista pero fiel a la República, que cuando recibió la llamada del general Franco para que se uniera a una acción militar que ocupara las calles se negó, y también el general Miguel Núñez de Prado, jefe de la policía que tampoco secundó la intentona. Al final el general Franco no vio la situación madura y se echó para atrás, especialmente tras el fracaso de los generales Goded y Fanjul para sublevar a la guarnición de Madrid.[15]
El resultado del intento de «golpe de fuerza» fue exactamente el contrario del previsto. El presidente del Gobierno en funciones renunció al desempeño de su cargo de forma inmediata y pidió al presidente de la República que nombrara presidente del Gobierno en funciones al candidato de la coalición ganadora, sin esperar a que se celebrara la segunda vuelta de las elecciones (prevista para el 1 de marzo), a la espera de la publicación de los resultados definitivos. Así,